El Gobierno de Sánchez prepara una ley para acabar con los fraudes en las máquinas registradoras con las que se concluyen las compras de bienes y servicios en los comercios. Un fraude que se realiza a través del software contable instalado en estos equipos.

En los próximos días María José Montero, ministra de Hacienda, se reunirá con los técnicos de la Agencia Tributaria para comenzar a establecer los detalles de la regulación, que se integrará en la Ley General Tributaria. La norma deberá aprobarse antes de finales de año e incluirá sanciones graves y muy graves. "Se trata de que las empresas desarrolladoras de software contable cierren la puerta a que sus programas informáticos de gestión de cajas registradoras permitan ocultar ventas. Es un tipo de software que cuadra todo para dificultar las comprobaciones de ventas ocultas. El objetivo es imponer multas sin que pongan en riesgo la viabilidad de las empresas que infrinjan la futura ley, pero que sean disuasorias".

Se trata de un fraude relativamente común por el cual las empresas evaden parte del pago del Impuesto de Sociedades y también del IVA. Cuando un cliente paga, ese dinero pasa del bolsillo del cliente al del dependiente de la tienda sin pasar por registro alguno.

El objetivo del Gobierno es que las empresas de software desarrollen este tipo de programas sin permitir que se puedan manipular las cuentas de la caja registradora

La ley pretende poner el foco en determinadas cadenas de establecimientos que realizan con relativa frecuencia esta práctica, explican desde Gestha. El BOE ya refelejó hace unos días la intención del Ejecutivo de redoblar esfuerzos en esta área. "La Agencia Tributaria redoblará en 2020 sus esfuerzos en las siguientes líneas: implantación de Libros de Registro estructurados de forma predefinida que permitan una gestión más sencilla de las obligaciones tributarias, lucha contra el uso de sistemas de procesamiento de la información empresarial que, instalados especialmente en las cajas registradoras, permitan la ocultación de las ventas verdaderas de una actividad", rezan las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020.

Desde Gestha alertan de que a pesar de la ampliación del marco regulatorio también es necesario incrementar la plantilla para investigar el fraude. "De otra manera nos encontraremos con cifras de economía sumergida y evasión altísimas", resaltan.

En efectivo o con tarjeta, la pregunta trampa

En muchos comercios, cuando se va a proceder al pago de un producto, se pregunta al cliente sobre la forma en la que el cliente desea realizar la transacción.

"Al ir pagar el dependiente suele preguntar la forma en que desea pagar el cliente. Si tras la respuesta este realiza una serie de anotaciones en el ordenador de la caja registradora es posible que estemos ante un caso de fraude. El hecho de que tras esa pregunta se produzcan anotaciones -que no son expresamente necesarias para realizar el cobro- nos hace pensar que es posible que estemos ante un posible caso de fraude, y que el dinero en efectivo se va a desviar a la contabilidad B de la empresa", explican desde Gestha.

En la actualidad las empresas dedicadas al desarrollo de software cuentan con un marco legal flexible. El software es creado por las empresas del sector que "no ponen puertas al campo. Las empresas que desarrollan estos programas dicen que son legales, que son programas que detectan los errores contables, pero lo cierto es que luego ese software se usa para manipular las cuentas. Lo que propone el Gobierno es que esto se impida desde el mismo desarrollo de ese software. No es una medida que vaya a acabar con esta práctica pero esperamos que reduzca el fraude", explican otras fuentes a Vozpópuli.