Publicado: 24/03/2020 05:15
Los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda en arrendamiento están dispuestos a permitir una moratoria de los pagos a sus inquilinos afectados económicamente por el coronavirus, aunque con ciertos límites.
Tal y como avanzó Vozpópuli, los grandes operadores ven en general sensato permitir a sus clientes perjudicados por el coronavirus un aplazamiento de los pagos y prueba de ello son los anuncios de distintos operadores que se han ido sucediendo estos últimos días. CaixaBank, incluso, ha anunciado su condonación mientras dure el estado de alarma.
Sin embargo, según apuntan distintas fuentes de los principales fondos inmobiliarios de España consultadas por este medio, la capacidad que tienen los operadores para afrontar estos aplazamientos por sí solos es limitada.
"Cada sociedad (empresa) tiene sus propias situaciones, pero por lo general solo hay capacidad para hacer frente durante un estado de alerta de dos meses. Para un estado de alerta más largo, o para aquellas situaciones personales que se alarguen después del estado de alerta (porque la reactivación de determinadas actividades lleve tiempo o se entre en situación de desempleo más estructural), hará falta ayudas públicas para el pago de rentas", señalan a este periódico desde uno de los grandes operadores del sector.
Bomba de relojería
"En dos o tres meses podríamos empezar a tener un grave problema de vivienda si no se incrementan las ayudas públicas a los inquilinos", alertan desde otro de los operadores más importantes del mercado de vivienda en arrendamiento.
Otros agentes del sector son algo más optimistas de cara a la capacidad de los grandes tenedores (con un 3% del mercado) aunque dan por hecho que la crisis tendrá un impacto en las rentas más allá de los próximos dos meses.
"El mayor impacto en la solvencia de los inquilinos debería concentrarse durante los próximos tres a seis meses, lo cual no constituye algo traumático desde el punto de vista de un propietario institucional", afirma a este periódico Mikel Echevarren, CEO de la consultora Colliers.
Así las cosas, otras fuentes insisten en el problema de los arrendadores particulares. En España, existen alrededor de seis millones de viviendas en alquiler (el 20-25% del total de unidades residenciales), de las cuales unas 180.000 pertenecen a grandes tenedores como fondos de inversión y bancos o "fondos institucionales". Blackstone es el mayor casero con unas 32.000 viviendas. Otro 2% pertenece a la Administración Pública y el 95% restante, unas 5,7 millones, a particulares.
Inquilinos y propietarios vulnerables
Según los cálculos de la Agencia Negociadora del Alquiler, entre los particulares hay entre 570.000 y 855.000 de más de 55 años que están en situación de especial vulnerabilidad por estar jubilados y/o tener la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.
Paralelamente, el peso de los precios en la renta de los españoles lleva tiempo por encima de la media de los demás países europeos, siendo ya la diferencia de casi el doble en los sectores más vulnerables. De acuerdo a Fotocasa, los alquileres subieron un 50% de media en España desde 2014.
El portal ha alzado la voz en favor de la extensión de la moratoria al alquiler, pero bajo la fórmula de ayudas económicas a los inquilinos vulnerables para dar tranquilidad a los propietarios. Según estadísticas del mismo portal, el 15% de los arrendadores recurre al alquiler para afrontar una necesidad económica urgente.
El Gobierno, hasta ahora reacio a imponer una moratoria en el alquiler, ha anunciado este lunes que está analizando la forma de facilitar ayudas a quienes tengan problemas para afrontar el pago del alquiler a consecuencia de la crisis generada por el coronavirus.
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