Publicado: 20/11/2020 04:45
La decisión de la gigante audiovisual Mediapro de "reafirmar" esta semana en su página web la asunción de responsabilidad por el pago de sobornos a directivos de la FIFA estuvo lejos de ser casual. Según ha podido saber Vozpópuli, esta nueva asunción de hechos por los que la compañía de Jaume Roures ya reconoció pagar una multa de 20 millones en julio de 2018 se realizó tras otra petición de la propia Fiscalía estadounidense hacia la compañía catalana.
Fuentes cercanas a la compañía de Roures aseguran que el comunicado se redactó tras un "acuerdo mutuo" con el ministerio fiscal estadounidense. A preguntas sobre si el mismo guarda vinculación con la investigación que, de acuerdo a Mediapro, se zanjó en 2018, o con un nuevo procedimiento, dichas fuentes han evitado dar más detalles. Desde la compañía se insiste en que no hay una nueva investigación sobre ella en marcha.
"La nota de prensa (del sábado 14 de noviembre) se ha emitido únicamente a los efectos de clarificar que la compañía reconoce los hechos establecidos en el acuerdo de no enjuiciamiento de 2018, a la luz de ciertas manifestaciones hechas por representantes de la misma, que eran inconsistentes con el acuerdo. El Departamento de Justicia de los EEUU no ha manifestado -y la compañía no reconoce- que la empresa haya estado envuelta en ninguna conducta negligente adicional", decían en un comunicado este jueves desde Mediapro.
El pasado mes de marzo se conoció que la Fiscalía estadounidense ha iniciado un proceso penal contra, entre otros, el exaccionista, alto cargo y jefe en EEUU de la compañía, Gerard Romy.
En 2018, cuando se anunció el pacto, la empresa dijo que "la responsabilidad por conducta inadecuada se limitó únicamente a las acciones de estas tres personas"
Desde Mediapro insisten en que los tres representantes de la empresa que incurrieron en el pago de sobornos fueron "despedidos" de la gestión de la productora desde 2015. En 2018, cuando se anunció el pacto para evitar un juicio, la empresa dijo públicamente que "la responsabilidad por conducta inadecuada se limitó únicamente a las acciones de estas tres personas", sin dar más detalles.
"Imagina (el holding de Mediapro) rechaza todas y cada una de las declaraciones hechas por Imagina o sus representantes desde la firma del NPA (1) negando que Imagina fuera responsable de o participara en la conducta delictiva de tres de sus entonces empleados, (2) negando que durante la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia estadounidense se encontraran evidencias de la responsabilidad penal de Imagina, basada en la conducta de dichos tres ex-empleados, o (3) sugiriendo que la señalada conducta penal se circunscribió a dos, en lugar de tres, empleados. Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes", zanja el comunicado de esta semana de Mediapro.
En el mismo, alude expresamente a "un ex co-Director General de Imagina, (que) aceptó el pago de un soborno de 1,5 millones USD a fin de adquirir los Derechos de los Clasificatorios y autorizó, dirigió y facilitó el pago de 500.000 USD de dicha cantidad total", para obtener "los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCACAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022".
Romy, procesado
Ese ex co-director general es el propio Gerard Romy, cofundador de Mediapro y exnúmero tres de la compañía catalana, con quien la empresa dice no tener ya ningún tipo de vinculación y haberle despedido de la gestión en diciembre de 2015, año en que estalló la investigación de la justicia americana.
Tras ser despedido, Romy siguió teniendo un 12,2% en Mediapro, la misma participación que Roures y su número dos, Tatxo Benet. Justo antes del acuerdo extrajudicial de Mediapro en EEUU se desarrollaron y consumaron las negociaciones para la entrada del fondo chino de capital privado Orient Hontai Capital en la productora. El fondo acabó haciéndose a principios de 2018 con el 53,5% por unos 1.000 millones, comprando a Romy su parte, mientras Roures y Benet conservaron la suya.
El ministerio fiscal estadounidense acusa a Romy de "delitos de fraude" y "blanqueo de capitales", penados con hasta 20 años de cárcel cada uno
Según se desprende de un escrito de la Fiscalía de Nueva York de marzo de 2020, el ministerio fiscal acusa a Romy de "delitos de fraude electrónico" y "blanqueo de capitales", penados con hasta 20 años de cárcel cada uno. Romy no se ha expresado públicamente hasta ahora.
Él y otros "colaboradores en la conspiración", como los exdirectivos de Imagina en EEUU, Roger Huguet y Fabio Tordin, habrían sufragado tres millones de dólares en sobornos a Jefrey Webb, en su día presidente de la Confederación Centroamericana de Fútbol, según la fiscalía estadounidense. Ni Roures ni Benet aparecen en el escrito de la Fiscalía sobre la "trama".
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