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Economía

La filial de residencias de ACS demanda a la Administración por no resarcir los gastos de la crisis

La filial de residencias de ACS demanda a la Administración por no resarcir los gastos de la crisis

La filial que gestiona las residencias de ancianos del Grupo ACS, Clece, ha demandado a la Administración por los gastos de la crisis de coronavirus.

En concreto, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra alguna de las administraciones públicas propietarias de centros de mayores que gestionan en régimen de concesión, fundamentalmente entidades municipales, según informa 'El Confidencial'.

De esta manera, Clece lleva a los tribunales el hecho de que algunas entidades han rechazado pagar más a la concesionaria del grupo de Florentino Pérez por los gastos ocasionados por la pandemia de covid-19.

La concesionaria pidió más dinero a los responsables públicos de la mayoría de residencias de ancianos que gestiona tras estallar la crisis.

En ese momento, la compañía consideraba que los costes ocasionados por la pandemia en las residencias debían ser subsanados por los ayuntamientos.

No obstante, no todos los ayuntamientos están dispuestos a pagar más de lo que ya se firmó en los contratos entre ambas partes y algunos responsables públicos consideran que no se ha roto el equilibrio económico de la concesión, algo que sí considera Clece.

La Administración asegura que Clece no ha justificado de manera suficiente la rotura de la economía de concesión y que tiene recursos para hacer frente al aumento de costes

Así, estos afirman que la filial de ACS no ha justificado de manera suficiente la rotura de la economía de concesión y afirman que tiene recursos suficientes para hacer frente al aumento de costes.

Además, en su argumentario, la Administración señala que hay algunos costes de los que ya se han hecho cargo, como las desinfecciones de residencias que llevó a cabo, entre otros, la Unidad Militar de Emergencias (UME).

7,2 millones de euros

Ante esta situación, la concesionaria ha decidido llevar sus reclamaciones ante la Justicia, ya que, entre otras cosas, en pleno pico de la pandemia, Clece aseveró que había tenido que hacer frente a costes imprevisibles de 7,2 millones de euros.

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