El otro fiasco del Gobierno: sólo un 9% de las empresas pedirán los ICO del plan 'antiguerra'

Sólo una de cada diez empresas pretende solicitar un crédito avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) este año, una medida que resultó muy útil para proporcionar apoyo financiero al tejido productivo durante la pandemia. Sin embargo, tras el 'boom' de solicitudes que se experimentó en 2020, el interés por esta financiación ha ido decreciendo en el tiempo, a medida que las empresas iban recuperando su actividad. De esta forma, en el último trimestre de 2021 sólo un 14% de las empresas encuestadas por el Banco de España (BdE) pretendían acudir a estos avales en los seis meses siguientes.

Esta cifra ha seguido decreciendo a pesar del nuevo varapalo que la guerra en Ucrania, la inflación y los problemas de suministros ha supuesto para las empresas, y pese a que el Gobierno haya vuelto a recurrir a esta medida para auxiliarlas. En concreto, además del paquete por 6.000 millones en el que incluía la rebaja fiscal a la electricidad, la subvención a los carburantes, el tope al precio del gas, y las ayudas directas a consumidores electrointensivos, el Gobierno también aprobó una nueva línea de 10.000 millones en avales del ICO.

Sin embargo, la última encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) del segundo trimestre, realizada entre el 10 y el 24 de mayo a un total de 5.500 empresas, refleja la manifiesta pérdida de interés por esta medida semanas después de que el Gobierno la aprobara de nuevo. Al preguntar a las empresas por las acciones previstas en el próximo semestre, sólo un 8,8% responde que su intención es acogerse a los nuevos ICO. "En general, como es natural, ha ido perdiendo relevancia el recurso a las medidas más estrechamente relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria, como la solicitud de ERTE o de préstamos ICO", comenta el BdE.

La EBAE se comenzó a elaborar en noviembre de 2020 y, por tanto, no hay información del momento de mayor demanda, durante el segundo y tercer trimestre de 2020. En aquel momento, las entidades financieras concedieron más de 100.000 millones a las compañías necesitadas de liquidez, evitando la quiebra de muchas de ellas. Sin embargo, tras ese primer paquete, vinieron otros ya menos demandados. En total, aún hay al menos 36.000 millones sin solicitar de aquellas líneas, a los que se suman los 10.000 millones para hacer frente al impacto de la guerra.

En este sentido, algunos expertos ya comentaron a Vozpópuli en abril, cuando se aprobó la medida, que tendría poco recorrido pues el contexto es diferente al de la pandemia, ahora las empresas demandan otro tipo de ayudas, más directas y orientadas a colectivos vulnerables afectados en gran medida por la subida de precios energéticos. Las fuentes financieras consultadas respaldan la versión de los economistas y agregan que efectivamente hay aún mucha liquidez, pero las empresas no la concibe como una ayuda porque en el fondo es más endeudamiento. 

A esto hay que sumar que los requisitos de elegibilidad y sobre todo la documentación exigida es mucha. El Gobierno endureció los criterios de todas estas líneas tras la primera ronda de ICOs, que se agotó con rapidez, pero que suscitó muchas críticas porque se temía que el capital estuviera llegando a 'empresas zombies'. De la primera línea de 100.000 millones de avales del ICO, la banca ya tiene una quinta parte en vigilancia especial y la cifra no para de crecer, según informa el Banco de España. Finalmente, otra problemática es el retraso del Gobierno en la activación de la nueva línea.

Los otros 'pinchazos': el tope al gas y la subvención a carburantes

Además de los ICO, el Gobierno aprobó una batería de ayudas directas y bajadas de impuestos con las que el Gobierno esperaba relajar los precios con su Plan energético. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró a principios de mayo, que la inflación comenzaría a bajar en la segunda mitad del año, volviendo a situarse en el entorno del 2% en 2023. Sin embargo, este objetivo es cada vez menos probable. El consenso de los analistas apunta que las presiones inflacionistas serán más intensas y persistentes de lo previsto y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que el año que viene no se experimentarán tasas inferiores al 3%.

En este sentido, algunas medidas han resultado menos efectivas de lo previsto. Los precios de los carburantes, por ejemplo, han seguido creciendo y, según el Índice de Precios de Consumo (IPC), en mayo todavía eran un 29% más caros que hace un año, absorbiendo gran parte de la subvención de 20 céntimos/litro en vigor desde abril. Asimismo, el precio de la electricidad sigue siendo un 30,2% superior al registrado hace un año pese a las rebajas fiscales.

El Banco de España se ha mostrado crítico con la subvención de los carburantes y asegura que el descuento de 20 céntimos favorece a los hogares de mayor renta. Según sus cálculos, el descuento de los 20 céntimos entre el 1 de abril y el 20 de junio de este año reducirá en 0,35 puntos porcentuales la inflación soportada por los hogares de menor renta en dicho período, mientras que que los de mayor renta experimentarán una reducción más intensa, de 0,61 puntos.

Finalmente, el tope al gas se estrenaba este martes con una subida del 5% de la tarifa de la luz. El miércoles, en su segundo día de vigencia, el precio final del mercado mayorista y la compensación por el tope del gas anotaban otra subida del 15%. Aún así, el Gobierno se muestra satisfecho con el estreno de la medida por la comparación con sus vecinos. España marca este miércoles el precio más barato de Europa, exceptuando algunos mercados regionales escandinavos.

El Gobierno se comprometió a bajar entre un 15 y un 20% la factura de la luz de los consumidores con este límite, un objetivo que, de momento, no está cumpliendo. El Banco de España ya calculó que esta medida 'estrella' en la que el Ejecutivo lleva trabajando dos meses reduciría la inflación media del 2022 en apenas medio punto, permaneciendo en el 7,2%. De esta forma, el impacto será menor que el esperado por el Gobierno, de en torno a un punto. En 2023, el impacto de esta medida en la tasa de inflación sería incluso positivo en una décima.