Huawei sigue en el candelero. La empresa, cuya tecnología está vetada en Estados Unidos desde la presidencia de Donald Trump, hace encaje de bolillos para seguir manteniendo influencia. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, mantiene una relación personal con Theresa Jamaa, vicepresidenta de la compañía en España.
Una relación que levanta sospechas porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez valora elaborar una lista con proveedores de telecomunicaciones de confianza de cara a que los operadores escojan socios para el desarrollo de redes 5G que garanticen la seguridad.
Huawei es conocida por la fabricación de teléfonos móviles, pero uno de sus negocios más fuertes es el tendido de redes de telecomunicaciones. Esa es la parte más sensible para Estados Unidos. El 5G es el estándar a través del cual, en el corto plazo, se comunicarán entre sí todos los usuarios de telefonía móvil del mundo. Quien tenga la red, tendrá el control sobre lo que suceda en ella.
Este es el motivo por el que Trump impide a los operadores del país usar su tecnología. En paralelo, prohibió a Google incluir sus servicios en los teléfonos de Huawei, que llegó a ser la primera marca por venta de unidades en España, con un 28% de cuota de mercado. Hoy se encuentra por debajo del 1%. El hecho de que no puedan incorporar Google Maps, Youtube o Drive, entre otras aplicaciones, ha hecho que se desplomen las ventas.
Una ley abierta a todo, a vetar o permitir a Huawei tender red
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España desde julio de 2021 y ministra de Economía, ha estado al frente de la elaboración de la Ley de Ciberseguridad 5G que, de forma previa al listado de proveedores de confianza, marca si el fabricante chino puede o no ser considerado un proveedor de confianza. Lo cierto es que los puntos fundamentales dejan la puerta abierta a todo. El Gobierno podría calificar de una u otra forma a aquellos desarrolladores de red en función de lo siguiente:
- Los vínculos de los suministradores y de su cadena de suministro, con los gobiernos de terceros países.
- La composición de su capital social y la estructura de sus órganos de gobierno.
- El poder de un tercer Estado para ejercer presión sobre la actuación o ubicación de la empresa.
- Las características de la legislación y la política de ciberdefensa y el respeto al derecho internacional y a las resoluciones y acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas de ese tercer Estado.
Calviño recula
Calviño tenía en mente desarrollar el listado desde hace tiempo, pero últimamente parece no tenerlo tan claro. El hecho de que los operadores de telecomunicaciones ya hayan cribado a Huawei de sus infraestructuras está detrás de las dudas.
Telefónica, Orange y Vodafone se han decantado por otras compañías que no son Huawei para desarrollar el 'core' de su red 5G. Esta parte de la infraestructura es la que almacena los datos más sensibles de los clientes.
Elaborar un listado señalaría a empresas, especialmente a Huawei si se diera el caso, lo que generaría controversia. "Con una ley de Ciberseguridad 5G tan abierta no es necesario ser tan explícito, porque su ambigüedad permite manejar, a gusto del Gobierno, la situación", aseguran fuentes jurídicas consultadas por este diario.
