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Economía

Los farmacéuticos se oponen a la ‘subasta nacional’ de medicamentos propuesta por la Airef por “cortoplacista”

Medicamentos

Hace apenas una semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elaboró, a petición del Gobierno, un informe con un total de 19 propuestas con el objetivo de reducir el gasto farmacéutico no hospitalario. De todas las medidas sugeridas por la organización, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez optó por incluir cinco de ellas en la última actualización de su Programa de Estabilidad 2019-2022, con las que espera ahorrar más de 1.500 millones de euros.

De esas cinco propuestas, se incluye la creación de una subasta de medicamentos a nivel nacional, muy similar a la que puso en marcha la Junta de Andalucía en 2012. El sistema de subastas de medicamentos resulta bastante sencillo, pero especialmente controvertido. La sugerencia de la Airef, cuyo borrador aún no se ha hecho público, no ha sentado bien entre los farmacéuticos, que la tildan de ser cortoplacista y “confusa”.

De hecho, el actual Gobierno de la Junta, liderado por el Partido Popular, anunció el pasado mes de marzo que prevé sustituir de manera progresiva el método implantado por la expresidenta de la Junta, Susana Díaz y comenzar a comprar de manera progresiva y centralizada los medicamentos y material sanitario que consumen sus hospitales y centros de salud de manera conjunta con el Ministerio de Sanidad y otras 13 comunidades autónomas.

Reducir costes

El principal objetivo de poner en marcha una subasta de medicamentos a nivel regional o nacional es ahorrar costes en los gastos farmacéuticos no hospitalarios y funciona de la siguiente manera: la Administración licitaría la venta en farmacias de determinados medicamentos cubiertos por la sanidad pública, por los que los laboratorios tendrían que competir entre sí en una puja económica. El sistema se inspira así en las subastas eléctricas.

A pesar de que la medida simplemente está incluida en un borrador elaborado por la Airef, que es un órgano independiente y meramente consultivo, ha provocado mucho revuelo entre las asociaciones de farmacéuticos españolas. Desde FEFE, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, alegan que este tipo de “experimentos” sólo perjudican a los pacientes y pueden llegar a provocar desabastecimientos de medicamentos.

Para Carlos Gallinal, secretario general de FEFE, el principal conflicto es que este tipo de medidas confunden a los pacientes, sobre todo a las personas de mayor edad, que consumen medicamentos de manera continuada. La subasta de medicamentos implica que cuando un médico receta un principio activo -como puede ser el caso del ibuprofeno- al acudir a su farmacia puede que no pueda comprar cualquier genérico, sino que tendrá que conformarse con el del laboratorio que haya ganado la subasta.

Medida "cortoplacista"

“Cada día la gente es más mayor y necesita medicación en el día a día. Si ahora empezamos a hablar de ahorro cortoplacista, nos estamos equivocando”, alega Gallinal. Y no se equivoca. De acuerdo con los últimos estudios, España va camino de ser, para 2025, el país europeo con mayor esperanza de vida.

A lo que se refiere Gallinal es a lo que en el sector denominan como adherencia a los medicamentos. Es decir, cumplir con la prescripción del médico al respecto y mantenerla en el tiempo para que tenga un efecto óptimo. Según argumentan desde su sector, el sistema de subastas pone en riesgo la adherencia, ya que dejaría de ser el usuario o el médico el que escoge el medicamento -a pesar de tener el mismo componente-.

“Si lo que buscan es el ahorro, esta no es la manera. Está demostrado que la falta de adherencia aumenta directamente los ingresos hospitalarios, que son carísimos”, afirma. No obstante, entre el resto de medidas propuestas por la Airef está la de invertir hasta 141 millones al año, más de 6.400 euros por farmacia de media, para financiar una serie se servicios proporcionados por los farmacéuticos para controlar esta problemática.

En relación con la subasta también se ha manifestado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, quien ha llegado a enviar una a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, para manifestarle su preocupación por las medidas contenidas en el informe de la Airef.

“No podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que puedan tomar un medicamento u otro dependiendo de una puja o de una subasta. Ningún ciudadano entendería, ni aceptaría, que su medicación dependiera del mejor postor en cada momento”, afirmó hace unos días en una entrevista en diariofarma.

“Lo que no entendemos es lo de comparar la luz eléctrica con un medicamento. Creemos que el uso racional del medicamento es imprescindible, pero no pasa por el tijeretazo”, ha añadido Gallinal, que mantiene que desde su sector se sienten “excluidos” de este tipo de decisiones. No obstante, según ha contado a este diario, desde FEFE ya se han puesto en contacto con la Airef y planean poner una ronda de consultas donde expondrán su visión al respecto.

No serán una 'subasta a la andaluza'

Aunque en los últimos años se está produciendo una cierta recuperación del sector farmacéutico, la realidad es que el gasto continúa siendo un casi un 20% inferior al de 2009. Por otro lado, el gasto por habitante ha descendido y las farmacias facturan al Sistema Nacional de Salud un 24% menos que hace diez años.

Aguilar, como otros muchos profesionales del sector, compara de manera inevitable la sugerencia de la Airef con la ‘subasta andaluza’ de 2012, que a su modo de ver tuvo “estrepitosos resultados”, al tiempo que causó graves problemas de desabastecimiento. Sin embargo, el informe redactado por el organismo financiero deja claro que ha analizado a fondo el caso andaluz con el objetivo de “aprender de sus errores”.

En definitiva, lo que proponen desde la organización es una transición de modelo mucho más gradual y supervisada, una suerte de versión mejorada de las subastas andaluzas que promueva el ahorro y no en detrimento del paciente. Asimismo, también abogan por un sistema que fomente la transparencia del precio del medicamento, elimine el elemento de exclusividad y publique las convocatorias a nivel europeo.

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