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Economía

El Gobierno reducirá un 15% la factura de la luz con su hachazo a petroleras y eléctricas

La ministra Teresa Ribera asegura que el fondo de sostenibilidad del sistema y el recorte de los ‘windfall profits’ impactará con fuerza en la tarifa que pagan los consumidores

luz
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; y la ministra Portavoz, María Jesús Montero Europa Press

El Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa dos medidas para reducir la factura de la luz tras dos meses con la tarifa disparada. El Ejecutivo despliega su fondo de sostenibilidad del sistema, que afecta principalmente a las petroleras, y el recorte de los ‘beneficios caídos del cielo’ que reciben las eléctricas.

Ambas iniciativas reducirán "cerca de un 15% la factura de la luz" de los hogares, según ha destacado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La mayor parte de esta rebaja llegará a través del fondo de sostenibilidad. La medida que lidera pretende que las empresas más contaminantes, liderado principalmente por las petroleras y las gasistas, financien el despliegue de la renovables y se retire de la actual factura de la luz. Este movimiento espera que recorte en cerca de un 10% la tarifa que paguen los consumidores. 

La medida, que ya desveló el Ministerio en diciembre, provocó la reacción de las diferentes asociaciones en las que se integran empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy. Estos sectores se consideran discriminados con esta medida y aseguran que, en el caso de su puesta en marcha, provocará un aumento del precio de los carburantes o de la factura del gas que pagan los hogares. 

Ribera y su equipo quieren sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también este martes por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.

1.000 millones menos a las eléctricas

La segunda medida que afecta a la factura de la luz se ha desvelado esta misma semana. Ribera y su equipo pretenden dar un hachazo a los llamados ‘windfall profits’ o beneficios caídos del cielo. Estos beneficios es la sobre retribución que reciben las eléctricas en España, principalmente Endesa e Iberdrola, por la producción de sus centrales nucleares o hidroeléctricas. 

Esta rebaja permitirá que baje la factura de la luz hasta un 5%, según las estimaciones de Transición Ecológica. La propuesta normativa, que se tramitará a través de un real decreto ley, obligará a las eléctricas a repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas de gas.

En total, supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas. El Gobierno abre con esta medida el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).

Esta revisión del sector energético y el recorte en la sobrerretribución de la generación hidráulica y nuclear fue uno de los puntos más conflictivos del pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Y se ha decidido anunciar en el mismo mes en el que entra en vigor la nueva tarifa de la luz.

Posibles reclamaciones

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico matizan que esta rebaja de la remuneración de la nuclear y la hidráulica también afectará a algunas eólicas anteriores a 2005. Desde el equipo de Ribera apuntan que esta iniciativa está protegida jurídicamente. Entienden cualquier recurso o demanda de los afectados.

Por último, Transición Ecológica informa quiere utilizar estos 1.000 millones que deja de pagar a las eléctricas para costear parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riegos de exclusión social, con un 10% del porcentaje de los ingresos

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