El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de publicar la estadística sobre el despido y su coste que lleva preparando desde septiembre de 2019, en la que recoge que entre el año 2015 y 2018 la indemnización media por despido bajó un 7,3%.

Aunque los datos reflejan una caída en la indemnización media que se concede en España en caso de despido, expertos en estadística advierten a Vozpópuli de que la estadística no está bien diseñada y ofrece una imagen engañosa de la realidad del despido en España.

Esta distorsión se debe, por un lado, a que la estadística interpreta como despido el fin de los contratos temporales o de duración determinada, cuando en realidad un trabajador temporal al que no se le renueva el contrato no ha sido despedido y la indemnización que le corresponde es de entre 8 y 12 días por año trabajado -de mucha menor cuantía, como se aprecia en el gráfico inferior-.

"Los casos de baja en afiliación por finalización del contrato temporal o de una duración determinada son considerados también como despidos cuando llevan emparejada una indemnización por despido", se precisó desde un inicio en el proyecto técnico de la estadística.

Además, la estadística sólo tiene en cuenta las indemnizaciones por despido que están exentas de tributar en el IRPF, es decir, aquellas que son inferiores a 180.000 euros. El hecho de no incluir las que superan esa cuantía contribuye a que la indemnización media resultante sea inferior a la realidad.

Despidos e indemnización por tipo de contrato en el año 2018

Estos dos detalles (incluir como despido el fin de contratos temporales y excluir las indemnizaciones que tributan) sirven para que la estadística refleje que el coste del despido es menor de lo que es en realidad.

Desde el Ministerio de Trabajo no han dado una respuesta a este medio sobre la razón que les ha llevado a incluir la extinción de contratos temporales como despidos en la estadística, ni a omitir las indemnizaciones superiores a 180.000 euros.

Una imagen distorsionada de la realidad

Otro de los problemas que plantea la estadística del Ministerio de Yolanda Díaz es que está muy desactualizada -los datos más recientes son de 2018- y no pone en relación el número de despidos que se han ido produciendo año a año con el total de asalariados que había entonces en el país, ya que eso permitiría observar que el total de despidos es muy residual sobre el total de trabajadores.

De hecho, si se cogen los datos más recientes (de 2018) y no se tiene en cuenta la extinción de contratos temporales, el total de despidos (271.219) sobre el número de asalariados medios de ese año demuestra que la probabilidad de ser despedido se situaba por debajo del 2%.

"Con esta estadística parece que se despide a más personas de las que realmente se despide, se crea una alarma social, cuando realmente el despido afecta de forma marginal y es consecuencia de las propias relaciones laborales", explica a este medio Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Izquierdo, quien habla también como expresidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuestiona también que "al incluirse como despido la extinción de contratos temporales, que tienen una indemnización menor, y omitir las indemnizaciones que tributan, la estadística camufla la realidad y parece que el despido es más barato de lo que es".

La estadística minimiza y oculta el verdadero coste de los despidos que soportan las empresas"

"La estadística se presta a importantes equívocos. Se crea alarma social y se sobredimensiona la realidad de los despidos. Los despidos en la práctica afectan a una parte muy limitada de trabajadores y son en muchos casos inevitables ante los cambios en las necesidades y posibilidades de contratación que van teniendo las empresas a lo largo del tiempo, ya que normalmente ninguna empresa despide a alguien salvo que le sea inevitable o no tenga otra alternativa menos mala", destaca.

No utilizarla para retocar la reforma laboral

Al estar mal diseñada, la estadística no ofrece un diagnóstico adecuado del mercado laboral por lo que no debería utilizarse para ninguna hipotética reforma de la legislación actual, alerta otro experto en empleo de una firma de recursos humanos.

Lanza esta advertencia porque la estadística se ha publicado justo a la vez que el Ministerio de Trabajo ha vuelto a reabrir las mesas de diálogo social para retomar la derogación de los aspectos más urgentes de la reforma laboral del año 2012, y ve arriesgado que se utilicen radiografías del mercado laboral como esta.

Esa reforma fue precisamente la que abarató el despido, al pasar de 45 días a 33 días la indemnización en caso de despido improcedente. A pesar de este cambio, los costes de despido en España "se consideran muy elevados y los organismos internacionales tradicionalmente los han identificado como una barrera a la contratación y un factor de aumento de los costes laborales", recuerda el director general del IEE.