Una subida de cotizaciones sociales de cerca de 70.000 millones, de la que el 80% recae sobre las empresas, que se suma a la de 30.000 millones que entra en vigor este enero. Es la propuesta que negocia José Luis Escrivá con los sindicatos a espaldas de CEOE para zanjar el cuestionamiento de la Comisión Europea a la sostenibilidad de la reforma de las pensiones y acompañar los dos flecos pendientes: la subida de bases máximas, que reportará en principio cuantías mucho más modestas, y del periodo de cómputo.
Se trata de convertir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de tipos de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde enero que pretende hacer sostenible la vinculación de las pensiones con el IPC, en 'automático', en lugar de semiautomático, lo que exige Bruselas. Es la crítica "técnica", según el ministro de Inclusión, que plantea la Comisión, una pega al mecanismo que ha ideado Escrivá que no le pone al que aprobó el PP y que ha derogado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Factor de Sostenibilidad.
La fórmula que contempla el Ministerio es extender el MEI de 2032 a 2050 sin de momento elevar la subida de 0,6 puntos. El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2032, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022 si se le añade la consolidación de la paguilla de 2022.
A partir de 2031, el MEI prevé una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces disponga de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.
Si con todo la desviación no fuera cubierta, se plantea que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, de hasta un límite del 0,8% del PIB, sin concretar cómo.
No será suficiente
Pues bien, el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura estima que esta subida de cerca de 70.000 millones que supone llevar el MEI hasta 2050 no será suficiente para cubrir el déficit del sistema. En sus cálculos, ya preveían que se practiquen ajustes de 0,8 puntos de PIB, el máximo que permite el sistema, tanto aumentando cotizaciones como reduciendo gasto.
Esta insuficiencia resalta además si se compara con el ahorro que permitiría el Factor de Sostenibilidad, que en una proyección que han realizado, será de 7,7 puntos menos en PIB acumulado hasta 2067, año al que alcanzan las tasas de mortalidad. Esto es, un déficit de cerca de 92.000 millones, estimado con el PIB de 2021.
A esto añaden que ni siquiera con este incremento de los años en los que se aplica el MEI llega a ser automático, ya que no prevé la mejora de la esperanza de vida, a diferencia del Factor de Sostenibilidad.
¿Qué aportaría la subida de bases máximas? De momento, el ministro se sitúa en el planteamiento de partida, de un alza suave del 30% real (aparte de la subida del IPC) en 30 años, que se trasladaría con retraso a la pensión máxima. Si se destoparan las bases máximas de golpe, el ahorro sería de unos 5.600 millones al año. Eso sí, contado con un IPC del 2%.
El análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson España, en colaboración con el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura, pone de manifiesto que si se pretende mantener la equidad del sistema, un destope de la base máxima de cotización (actualmente en 49.672,80 euros/año) debería llevar aparejado un destope de la pensión máxima (39.468,52 euros/año).
En este contexto, el destope de la base de cotización máxima se podría traducir en una ligera mejora de la sostenibilidad del sistema solo en el caso de que no se destopara la pensión máxima. "Sin embargo, parece lógico que, antes o después, con un periodo transitorio más o menos amplio, sea inevitable que se produzca un destope de la pensión máxima o, al menos, una subida importante de ésta", expone Enrique Devesa, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y consultor del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson.
De momento, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyen una subida de bases máximas de cotización del 8,6% que no se ha consultado con los agentes sociales. La decisión del Gobierno afectará a las empresas con empleados que ganan más de 50.000 euros. Al elevar un 8,6% las bases máximas, hasta 53.944,6 euros, empresarios y trabajadores tendrán que cotizar por 4.000 euros más cada año a la Seguridad Social, para recaudar cerca de 800 millones al año.
El Gobierno proyecta para 2023 un fuerte incremento de la recaudación por cuotas por la elevación de las bases máximas de cotización en un 8,6% y por la evolución prevista para la economía. En concreto, prevé que la Seguridad Social ingresará el año próximo 192.102 millones de euros, un 10,6% más que en 2022, de los que 152.075 millones procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 11,5%.
El estilo negociador de Escrivá
El Gobierno no se reúne con CEOE en la mesa de negociación de la reforma de las pensiones desde el 3 de octubre, aunque sólo ha habido una reunión formal, la del 12 de septiembre. Una vez que se han celebrado las elecciones en CEOE el pasado jueves, los sindicatos esperaban que hubiera una convocatoria de la mesa esta semana -finalmente, se ha convocado este lunes- para una reforma sobre la que al Gobierno sólo le queda aprobar un Real Decreto-ley con el fin de que esté en vigor antes del 31 de diciembre, como se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación. Con este fin, Escrivá negocia ya con Podemos y sus socios.
En este Real Decreto-ley, Inclusión quiere incluir, además de la subida de bases máximas y del cómputo, esta reforma del MEI -antes de que entre en vigor-.
Escrivá ya ha utilizado esta fórmula de negociar sólo con alguna de las partes en la reforma del sistema de cotización de los autónomos. Con todo, los sindicatos, a pesar de que sí se reúne con ellos, le apremian a que haga propuestas formales sobre la subida de bases máximas.
Desde la patronal trasladan que más allá de encuentros en foros en los que uno se encuentra con las otras partes y en los que se comentan los temas del momento, no han negociado de forma unilateral ni informal porque, por transparencia y la necesidad de hacer partícipes a sus organizaciones, querían hacerlo como lo suelen hacer, y en todo caso están a la espera de un próximo encuentro en la mesa de diálogo.