El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende prohibir las jubilaciones forzosas en los convenios de empresas, según informa este martes el diario 'El Mundo'.

Con la intención de ahorrar de disminuir el gasto público en pensiones, Escrivá planteará esta reforma del sistema de pensiones como uno de las reformas necesarias para conseguir los fondos de recuperación europeos. 

La figura de la jubilación forzosa fue recuperada por el gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2018, después de que hubiera sido prohibida por Rajoy en 2012.

Excluir los peores años

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó este lunes que en la reforma de las pensiones "se tienen que explorar todas las alternativas", como ampliar el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular la pensión, y ha apuntado que se podría hacer excluyendo los años más negativos.

Calviño afirmó, en declaraciones en La Sexta, que el planteamiento del aumento de la etapa de cotización para calcular la pensión es un proceso que responde a cambios en unas vidas laborales "cada vez más variadas" con periodos sin cotizar o cambios de trabajo.

"La tendencia a la ampliación de años de referencia está ahí", ha dicho Calviño que ha añadido que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, está planteando a los agentes sociales, por ejemplo, que los trabajadores "puedan excluir del cómputo los años más negativos".

Según publica este lunes El País, el Gobierno trabaja en un texto de reforma en el que señala que el paso del cómputo de las prestaciones de 25 a 35 años supondrá una bajada media del 5,5 % para las nuevas pensiones.

El periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones ya se amplió como la reforma de las pensiones de 2011 para ir gradualmente subiendo de 15 años a los 25 años que se alcanzarán en 2022.

Desde la Seguridad Social, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha señalado a Efe que este tipo de medidas, "tal y como se están contemplando", tendría un efecto mixto "ya que muchas personas que se vieron afectadas por la crisis a partir de 2008, en el tramo final de su carrera, se podrían ver beneficiadas".

Se trataría, argumenta, de buscar soluciones a la existencia de carreras de cotización irregulares y, subraya, "no se trata de una reforma que suponga recortes para los pensionistas, sino al contrario, de garantizar el poder adquisitivo de sus pensiones, que con la normativa actual no tienen garantizado".