El primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del sector hotelero durante la pandemia de la covid-19, el de la cadena hotelera Casual Hoteles, llega a la Audiencia Nacional. Este miércoles se ha celebrado el juicio tras la denuncia del sindicato UGT, quien solicita que se declare nulo el expediente de regulación que, finalmente, ha afectado a medio centenar de trabajadores.

Los trabajadores, que no contaban con representación sindical, formaron una comisión ad hoc para negociar este ajuste, que se cerró sin acuerdo. Aunque inicialmente iba a afectar al 20% de la plantilla, la empresa incluyó en el mismo a cerca del 43% de los trabajadores en este expediente, unas 52 personas.

El resto de la plantilla, que antes de la covid estaba formada por unas 120 personas, continúa incluida en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y parte de los contratos indefinidos se convirtieron en fijos discontinuos.

La cadena española, creada en 2013, cuenta con 13 activos de gestión propia y otros cinco asociados repartidos entre Oporto, Bilbao, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Cádiz y Lisboa. Sólo dos de estos son de su propiedad, el resto son alquilados para su explotación.

UGT pide que el ERE se declare nulo, con el reingreso del medio centenar de trabajadores despedidos y el pago de salarios

Casual Hoteles ha defendido el ajuste de plantilla alegando el impacto que ha tenido la covid-19 en el sector hotelero en general, según ha podido saber Vozpópuli. Por su parte, la parte social denuncia que la situación es circunstancial y prueba de ello es que la empresa está intentando reabrir hoteles.

En este sentido, UGT pide a la Justicia que el ERE se declare nulo, con el reingreso de todos los trabajadores y el pago de los salarios. El juicio estaba previsto inicialmente para el pasado 25 de marzo, pero se retrasó al 2 de junio. Las fuentes consultadas por este periódico, cercanas al proceso, esperan una resolución en las próximas semanas.

Denuncias individuales por impago

Además, algunos trabajadores informan a este periódico de que han presentado denuncias individuales por impago del ERE. Según informan, no han cobrado sus indemnizaciones: recibieron el primer pago y, desde entonces, "la empresa no ha hecho frente a sus responsabilidades". Vozpópuli se ha puesto en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

Algunos de los trabajadores consultados por este periódico denuncian que la intención de la empresa es no abonar estos pagos y que sea el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) quien los afronte. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo puede pagar a los trabajadores cuando se declara la insolvencia de la empresa o el concurso de acreedores.

La sociedad a través de la cual opera Casual Hoteles, denominada Pricetoroom S.L., facturó 7,6 millones de euros y ganó 365.000 euros en 2018, según las últimas cuentas disponibles en el registro mercantil y consultadas por este periódico a través de Insight View. El capital social de la empresa ascendía a 75.498 euros.

Además, el grupo cuenta con otras sociedades, según ha podido constatar este medio. Su fundador, Juan Carlos Sanjuan, aseguraba hace unos meses que en 2019, antes de la covid, su volumen de negocio había crecido un 55%. "La empresa tiene liquidez y activos, pero no quiere vender ni hacer frente a los pagos", denuncian un trabajador.

Reapertura de hoteles

El pasado mes de octubre, Casual Hoteles decidió bajar la persiana de todos sus establecimientos hasta febrero o marzo de 2022, ante la incertidumbre generada en el sector turístico con la segunda ola de la crisis sanitaria. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa informan a Vozpópuli de que la cadena está llamando a trabajadores incluidos en el ERTE para reabrir algunos de sus hoteles.

Este fue el primer ERE ejecutado durante la pandemia en el sector hotelero. El segundo fue el de NH, que se saldó con 187 despidos en sus oficinas centrales, frente a los 398 inicialmente previstos. Finalmente, el emblemático hotel Palace de Madrid tramitará la salida voluntaria de 130 personas a cambio de evitar los 152 despidos forzosos.