ERC y PDeCAT cocinaron el impuesto a los ricos mano a mano con Hacienda

El impuesto a grandes fortunas que acaba de aprobar el Congreso lo han cocinado ERC y PDeCAT mano a mano con Hacienda. La idea, el armazón y el esquema es marca de los de Esquerra, que registraron en noviembre de 2020 una enmienda a los Presupuestos de 2021 que ha calcado el Ministerio. Pero es que también el PDeCAT está involucrado. En la tramitación parlamentaria se ha desvelado la participación de esta formación, que conocía el texto antes de que los Grupos Socialista y de Podemos registraran el impuesto a instancias del Gobierno en una enmienda.

Cabe recordar que el impuesto a grandes fortunas se ha registrado directamente como una enmienda a la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas, que presentaron en el Congreso los Grupos de PSOE y Podemos el 28 de julio. Es un procedimiento que se salta todos los controles, pero que sobre todo es el más rápido, con el fin de que el impuesto entre en vigor en 2022, según la última decisión de Hacienda. Y que implica, como han denunciado PP, Cs y PNV, entre otros, que el resto de grupos no lo puedan enmendar.

"Tengo dotes adivinatorias", admitía el diputado Ferrán Bel en la Comisión de Asuntos Económicos que votó el informe de la Ponencia, asunto que volvió a tratarse en el Pleno que ha aprobado este jueves la proposición de ley que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas. Bel registró una enmienda al impuesto a la vez que PSOE y Podemos registraban la enmienda con el propio impuesto y lo hizo con un texto que demuestra que había accedido al impuesto antes de que se hiciera público.

La enmienda del diputado de la antigua Convergència, la 81, no es un gesto político sin efecto como el que podría haberse esperado de PP, Cs o Vox, en el sentido de introducir una enmienda que derogara el impuesto a grandes fortunas por atentar contra la autonomía fiscal de las comunidades autónomas o algo similar.

El texto de PDeCAT pretende modificar directamente la enmienda de PSOE y Podemos que, como Disposición Final Nueva, introduce un cambio en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español con el fin de que en el nuevo impuesto, como ocurre en Patrimonio, Sucesiones e IRPF, se pueda pagar la deuda tributaria con bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

Sobre el mismo texto que plantea el Gobierno y citando y conociendo que el nuevo impuesto va a ser el artículo 3 de la proposición de ley, Bel propone que estén exentos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español con la misma redacción que la enmienda del Gobierno. Con unos límites para Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos. También estarán exentos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas y determinados objetos de arte y antigüedades.

Todo esto está previsto en la Ley del Impuesto de Patrimonio. Como la enmienda del PSOE y Podemos no lo incluye expresamente y parece dar por supuesto que se mantiene, las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli entienden que la enmienda de PDeCAT quiere asegurar que estas exenciones siguen vigentes con el nuevo impuesto, lo que creen redundante.

Asimismo, la enmienda del PDeCAT también exime del impuesto a planes de pensiones, planes de empleo, primas de seguros y una serie de elementos relacionados con la empresa familiar y la actividad empresarial, como los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional de cualquiera de los cónyuges, la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran unas condiciones como que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

Llama la atención la Justificación de la enmienda: "mejora técnica", a lo que se añade el emoticono de la cara sonriente, como se puede ver en la imagen adjunta.

Esta enmienda se ha aprobado en un momento en el que voces próximas a Junts antes de que se rompiera con el Govern e incluso conectadas con ERC están planteando una suavización del Impuesto de Patrimonio en Cataluña. Finalmente, no se ha incorporado a la proposición de ley, a la espera de cómo transcurra la tramitación en el Senado y de si el texto vuelve al Congreso. Sólo podría incorporarse si el PSOE y Podemos decidieran llegar a algún pacto.

Rechazo de Hacienda en 2020

El impuesto a grandes fortunas calca la enmienda que ya registró ERC en noviembre de 2020 a los Presupuestos de 2021. Entonces, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que compartía el objetivo -obligar a la Comunidad de Madrid a subir Patrimonio y Sucesiones- pero no las formas, no sólo porque no cupiera técnicamente crear un impuesto en los Presupuestos, sino porque aseguró que se trataba de una reforma que afectaba a ley orgánica y que debía hacerse en el marco de la financiación autonómica.

Este escenario se mantenía incluso después de que Hacienda convocara a una comisión de expertos para que le dijeran que hay que armonizar Patrimonio y Sucesiones al alza. Con la invasión de Rusia a Ucrania, se aparcó, pero el pasado septiembre resurgió cuando Andalucía anunció que bonificaba Patrimonio al 100% desde 2022.

Según anunció Hacienda el 29 de septiembre, el impuesto a grandes fortunas sería temporal para 2023 y 2024 -lo que luego se ha reponderado para 2022 y 2023- y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%. Para residentes opera desde 3,7 millones, con 700.000 euros exentos.

Hacienda valorará si hace permanente el impuesto a los ricos antes de las elecciones generales. Se prevé que se revise cuando acabe su segundo año en vigor, lo que deberá hacer a finales de 2023.