Publicado: 01/01/2016 04:00
Serán tres focos de problema de difícil solución en 2016, que serán afrontados de muy distinta forma según quien gobierne. El polémico basurero nuclear (Almacén Temporal Centralizado -ATC-) de Villar de Cañas sigue enquistado y en guerra abierta con el Gobierno de Castilla-La Mancha: la central nuclear burgalesa aún no cuenta con las autorizaciones definitivas para reabrir y el almacén de gas subterráneo ubicado frente a las costas de Castellón está hibernado, a la espera de los informes finales del MIT y judicializado en varios frentes.
Así que gobierne quien gobierne, tendrá que mancharse las manos y tomar decisiones. Si Rajoy consigue seguir en Moncloa, el cementerio nuclear y Garoña saldrán adelante, mientras que sobre el Castor se esperará al informe independiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT en sus siglas en inglés) para mantenerlo operativo o desmantelarlo, además de afrontar los procesos judiciales abiertos en los Juzgados de Vinaroz y en el Tribunal Supremo.
Si Pedro Sánchez forma gobierno con Podemos, Garoña no reabrirá y el cementerio nuclear no se construirá en los terrenos de Villar de Cañas
Pero si el PP no forma Gobierno y sí lo consigue Pedro Sánchez, con el apoyo de Podemos, el escenario cambiará radicalmente. El PSOE no está de acuerdo con la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca), a tenor de varios informes (internos del Consejo de Seguridad Nuclear, geológicos, de consultoras independientes…) que alertan de que los terrenos podrían poner en riesgo la seguridad de un basurero que tendrá que almacenar todos los residuos nucleares de alta y media radiación de España.
Además, el gobierno autonómico de Emiliano García-Page se ha opuesto frontalmente al proyecto y se ha enfrentado al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, al ampliar una zona de protección de aves que impediría la construcción del cementerio nuclear.
Tampoco reabriría la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), si PSOE y Podemos cumplen con sus compromisos electorales. La planta, que fue clausurada por orden del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha iniciado el lento proceso para volver a generar electricidad. Endesa e Iberdrola, auspiciadas por el actual Ejecutivo, quieren reabrirla, pero un gobierno de izquierdas paralizaría el proceso porque la central ya ha superado los 40 años.
El PSOE se ha comprometido a no promover la energía nuclear y a proceder al cierre progresivo de las centrales en cuanto vayan cumpliendo esos 40 años. Así que el futuro de Garoña volvería a estar en el aire.
El informe definitivo del MIT determinará el futuro del Castor, que podría acabar en la chatarra, mientras siguen abiertos dos procesos judiciales en Castellón y en el Supremo
Sobre el Castor, el PSOE también esperará al informe del MIT, pero será muy cauto. Fue el Gobierno de Zapatero el que dio a ACS la autorización para que construyera el almacén que en septiembre de 2013 provocó más de 500 terremotos en la zona. Y lo hizo sin exigir informes previos de riesgos sísmicos, lo que ha provocado que varios altos funcionarios del Ministerio de Industria de la primera legislatura de Zapatero estén imputados por la Fiscalía de Castellón.
También fue el Gobierno de Zapatero el que concedió al grupo que preside Florentino Pérez la prebenda de poder devolver la concesión de explotación del almacén de gas al Estado. Así ha sido, lo que ha provocado el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros que tendrá que ser costeada por todos los consumidores de gas durante 30 años.
Multimillonaria indemnización
La Generalitat catalana, que ha recurrido esta polémica decisión del Gobierno Rajoy, ha conseguido que el Tribunal Supremo admita a trámite un contencioso-administrativo que quiere evitar que sean los consumidores los que abonen esa multimillonaria indemnización.
El nuevo Gobierno tendrá que bregar con un escenario adverso por el hachazo renovable de Rajoy: los 525 recursos ante el Supremo y los 21 arbitrajes internacionales tienen las de ganar
Así las cosas, el año que ahora arranca acarreará importantes dolores de cabeza al Gobierno de turno. ATC, Garoña y Castor son problemas de difícil solución, se afronten como se afronten. Cualquier decisión en una línea o en otra provocará guerra y rechazo en la parte contraria.
Adicionalmente, otro de los fuegos que tendrá que intentar apagar el nuevo Ejecutivo lo representa la avalancha de recursos en marcha en el Tribunal Supremo contra el hachazo renovable, así como los 21 arbitrajes internacionales que reclaman a España la restitución de la seguridad jurídica que saltó por los aires en 2013 o, en su defecto, el pago de millonarias indemnizaciones por el recorte retroactivo de la retribución a las instalaciones renovables y de cogeneración.
El hecho de que el Supremo esté a punto de presentar una cuestión de inconstitucionalidad porque las normas aprobadas por el Gobierno de Rajoy vulneraron los principios de seguridad jurídica y confianza legítima recogidos en la Carta Magna hace presagiar que los árbitros del Ciadi den la razón a los 21 demandantes, todos ellos fondos e inversores internacionales.
De puertas adentro, el Alto Tribunal también tendrá que dirimir sobre los 525 recursos contra el Ministerio de Industria que siguen su curso, lentamente, pero con paso firme.
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