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Baker y Uría se convierten en los bufetes de cabecera de Gimeno en la nueva etapa de El Corte Inglés

Centro comercial de El Corte Inglés en Valencia.

Dimas Gimeno ha confiado en dos de los bufetes más prestigiosos que operan en España el asesoramiento jurídico de El Corte Inglés para esta nueva etapa que se abre con la llegada de un nuevo accionista, el jeque catarí Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, el proceso de modernización de la gestión e internacionalización del grupo puesto en marcha por el presidente y, especialmente, por la guerra interna desatada por el accionista rebelde Ceslar.

El bufete estadounidense Baker & McKenzie, del que fue presidente el ahora consejero de El Corte Inglés, Manuel Pizarro, y el despacho madrileño Uría Menéndez, se han encargado de diseñar el andamiaje jurídico de las últimas decisiones del presidente y del consejo de administración.

Ha sido Baker, bajo la batuta de Alberto Alonso Ureba, el que se ha encargado de redactar para la junta de accionistas del pasado 30 de agosto el cambio de estatutos que allana el camino para que el inversor emiratí pueda entrar en el capital del grupo con entre un 10% y un 12,5% y sentar a un representante en el consejo.

A Uría le ha tocado la parte menos 'glamourosa' al tener que encargarse de la guerra abierta con el accionista rebelde Ceslar tras su demanda de impugnación

Los cambios estatutarios, en los que también ha participado un equipo de Uría, según las fuentes consultadas, han supuesto la derogación del derecho de suscripción preferente que tenían los accionistas sobre la autocartera (para que ésta pase a manos del ex primer ministro de Qatar) y de la obligación de ser accionista para ser nombrado consejero.

Estos cambios también han permitido reforzar los poderes del presidente, que asume las funciones de consejero delegado y de consejero ejecutivo, según las mismas fuentes consultadas.

A Uría le ha tocado, por ahora, la parte menos ‘glamourosa’, al tener que encargarse de defender a El Corte Inglés en su batalla abierta con Corporación Ceslar, los herederos de Luis Areces que poseen más de un 9% del grupo y han presentado una doble demanda de impugnación de los acuerdos adoptados en la junta para cambiar los estatutos y expulsar a su representante, Carlota Areces, del consejo de administración.

Tal y como ha adelantado este lunes Vozpópuli, este bufete madrileño envió una carta por correo electrónico a la ex consejera para que abandonar su estrategia de confrontación y votara ‘sí’ a todos los acuerdos propuestos en la junta.

Uría avisó a la representante de Ceslar de que si no daba marcha atrás se arriesgaba a ser relevada de su cargo de consejera. Areces dijo ‘no’ y fue fulminada el mismo día de la junta.

Ahora, las dos partes se verán las caras en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid tras la demanda presentada el pasado 29 de septiembre.

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