Publicado: 07/12/2016 13:48
El Tribunal SUpremo ha rebajado las penas para cinco directivos que trabajaban a las órdenes de José María Ruiz Mateos por un fraude de más de 8 millones a Hacienda que realizaron en tres operaciones inmobiliarias en 1994. La sentencia rebaja a cinco meses de arresto la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Antonio Hurtado (15 meses de arresto por tres delitos), Antonio Carralón (10 meses de arresto por dos delitos) Teresa Garate y José Patón, y acuerda la absolución de Adolfo de Martitegui, que también fue condenado a dos años de prisión menor, al considerar que el procedimiento judicial se dirigió contra él cuando el delito fiscal ya había prescrito.
El Tribunal Supremo explica en un comunicado la rebaja de dos años de prisión a cinco meses de arresto que beneficia a cuatro de los exdirectivos condenados por estos hechos "porque, aunque la pena prevista para el delito fiscal era de prisión menor, al aplicar la atenuante de dilaciones indebida hay que bajar la pena a un grado inferior que según el Código Penal de 1973, más favorable que el vigente para los acusados, es la de arresto mayor".
Por otra parte se ha confirmado la condena a cinco meses de arresto mayor impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Ivancos Muñiz, abogado de José María Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda Pública. La misma pena mantiene para el exdirectivo Miguel Ángel Pérez Porra.
Los condenados tendrán que pagar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, más de ocho millones de euros que defraudaron a Hacienda en tres operaciones inmobiliarias que realizaron durante 1993 y 1994. El directivo gaditano murió en el Puerto de Santa María en septiembre de 2015.
Así ocurrieron los hechos
Según la sentencia, los administradores y apoderados de la Sociedad Estacionamientos Urbanos S.A. fueron "guiados del común propósito de procurarse un ahorro fiscal ilícito", y dejaron de ingresar en perjuicio de la Hacienda Pública 7.669.517 euros en la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 1993. Aunque la toma de decisiones y ejecución de los actos llevados a cabo para defraudar a Hacienda la llevaron tres de los acusados –José Patón, Antonio Carralón y José Antonio Hurtado- estaban “todos ellos concertados entre sí y bajo la dirección de facto del fallecido José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada y el acusado Adolfo de Martitegui Cáceres para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de la entidad consignando los datos mendaces en cuya elaboración todos ellos habían participado”.
Después de esto, en 1994 realizaron dos operaciones fraudulentas más.
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