Publicado: 11/02/2015 04:00
Hay tanta tarta que repartir en los contratos de obra civil para el desarrollo del basurero nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) que el destituido presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, quiso acelerar los procesos de adjudicación pese a la oposición del Ministerio de Industria y a las dudas planteadas por el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El proceso de licitación de la obra civil, cuyo monto total asciende a 263,5 millones de euros, iba con retraso porque buena parte del consejo de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) no quiere sacarlo adelante hasta que estén concedidos todos los permisos y autorizaciones pendientes (informa favorable del CSN, declaración de impacto medioambiental…).
Sin embargo, Gil-Ortega se había empeñado en las últimas semanas en acelerar el proceso de adjudicación (el siguiente paso es la apertura de los sobres con la oferta económica de los ocho licitantes), con el objetivo de asignar el contrato al ganador antes de que se celebren las elecciones autonómicas de mayo, señalan fuentes del entorno de Enresa al tanto del proceso.
Ha sido ése el motivo principal por el que Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Hacienda han tomado la decisión de fulminar al presidente de Enresa, tal y como adelantó este martes Vozpópuli en exclusiva.
La decisión sobre Enresa es un nuevo y directo golpe a la línea de flotación de Cospedal, gran valedora del destituido presidente de Enresa
Industria avisó a Moncloa de las pretensiones de Gil-Ortega, después de que el Departamento que dirige José Manuel Soria se negara a darle el plácet y supeditara la decisión final a un nuevo informe del CSN, que habría de ser favorable. Industria pidió a Gil-Ortega todas las garantías técnicas y de seguridad para evitar problemas futuros con el Almacén Temporal Centralizado (ATC), pero el directivo, hombre de confianza de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se había emperrado en sacar adelante el contrato.
Es no ocurrirá porque ya está destituido, aunque podrá seguir al frente de la compañía los 15 días de preaviso preceptivos. Enresa hizo pública ayer una sorprendente nota en la que afirmaba que su presidente dimitía motu proprio “por razones personales”.
Gil-Ortega quería seguir adelante con la licitación pese a que tanto el CSN como Industria se habían opuesto por la falta de garantías técnicas y de seguridad del proyecto
Gil-Ortega se había fulminado en los últimos meses a los dos directivos del grupo estatal controlado por la Sepi que habían puesto en entredicho su gestión. Destituyó a Jesús Moreno, máximo responsable del Área Jurídica de Enresa, por elaborar un informe sobre los gastos injustificados del presidente y su responsable de Comunicación.
Hace unos días hizo lo propio con su director de Administración, Eugenio Alejandre, por desavenencias internas.
Todas estas decisiones y sus prisas por dejar atados los contratos de la obra del basurero nuclear antes de mayo conformaron un cóctel que ha acabado llegando a Moncloa. Su mala gestión al frente de Enresa, las polémicas decisiones que ha tomado y las sospechas de nombramientos y presuntas adjudicaciones a dedo han contribuido a su precipitada destitución, señalan fuentes del entorno de Enresa.
Más en clave política, el intervención de Sáenz de Santamaría en su destitución supone un nuevo golpe de ésta a la línea de flotación de la Secretaria General del PP, con la que mantiene un enfrentamiento cada vez menos soterrado.
Ayer, la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, señaló que la vicepresidenta “no comparte las prisas” que tiene Cospedal “por dejar adjudicado antes de las elecciones autonómicas el millonario negocio del ATC”.
“Frente a la oposición responsable [del CSN y de Industria al proyecto], está la de Cospedal y su hombre en Enresa, Gil-Ortega, que tenían todas las prisas del mundo por dejar atado y bien atado este inmenso negocio antes de las elecciones de mayo”, añadió Maestre.
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