Publicado: 06/01/2014 04:00
El conflicto por los sobrecostes de la ampliación del Canal de Panamá entra en su fase política. Este lunes, la ministra de Fomento, Ana Pastor, tratará de mediar en la batalla entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en una ajetreada jornada en la que mantendrá reuniones con el presidente del país centroamericano, Ricardo Martinelli, y representantes de las dos partes.
Por delante, un desafío que se presenta como casi imposible: acercas las posturas de GUPC y la ACP, que en estos momentos están muy distantes. Tanto que el administrador del Canal apenas reconoce sobrecostes valorados en algo más de 300 millones de euros, es decir, apenas un 20% del total exigido por el consorcio, que el pasado 30 de diciembre remitió un preaviso de paralización de los trabajos al considerar que los recursos económicos tocarían pronto a su fin si no se atendían sus reclamaciones por los sobrecostes.
La ACP argumenta que de la reclamación original presentada por GUPC, valorada en 585 millones de dólares y que data del mes de abril de 2012, tan sólo ha admitido algo más de la mitad.
En cuanto a la segunda reclamación, presentada el pasado 27 de diciembre y por valor de 900 millones de dólares, la ACP asegura que está falta de numerosa documentación que justifique esta cantidad, por lo que aún no ha podido estudiarla.
Negativa de la ACP
En un nuevo comunicado emitido este domingo, la ACP ha insistido en que GUPC no tiene argumentos legales para suspender los trabajos, porque está interpretando equivocadamente el contrato, dado que no hay atrasos en el pago ya comprometido.
El administrador principal del Canal, Jorge Quijano, ha intervenido en un programa de TV en Panamá en el que se ha ratificado en la postura de que cada dólar que reclame el consorcio debe estar debidamente justificado. Además, ha asegurado de forma muy gráfica que el Canal no puede ser rehén de un contratista, en referencia a GUPC.
Sacyr debe terminar la obra
Así pues, el reto se antoja complicado. La amenaza por parte de GUPC de paralizar las obras si no se atienden sus demandas por los sobrecostes, que tiene en vilo al comercio internacional, ha pasado a ser una cuestión entre Estados, pese a que el pasado viernes Martinelli señalara que se trata de una pugna meramente empresarial.
Su reunión con el embajador español y el representante comercial italiano (la transalpina Impregilo también forma parte del consorcio) en Panamá y la agenda del día de hoy, con la ministra Pastor, que acude en nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contradicen las palabras de Martinelli.
En principio, Pastor lleva hasta Panamá un mensaje de conciliación para tratar de que las partes concluyan con buen fin las negociaciones que emprendieron ya hace meses. Pero también acude con la idea de que la obra debe ser terminada cuanto antes y, además, por parte del consorcio liderado por Sacyr.
La visita de Pastor también servirá de preparación para el viaje que piensa emprender Martinelli a España e Italia, con el fin de exigir a sus respectivos gobiernos que se comprometan a pedir a las empresas que terminen los trabajos de ampliación del Canal.
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