El fin de Rumasa: BBVA, Sabadell, y Popular pierden los últimos depósitos

En unas oficinas situadas en el número 50 de la calle Velázquez de Madrid, en nombre del Estado, 18 personas han venido administrando Rumasa en los últimos años. Cuando la abeja volaba alto, 60.000 personas estaban en nómina de José María Ruiz-Mateos. Casi 34 años después del anuncio de la expropiación, Rumasa se asoma a su final. El último gran activo con el que cuenta la compañía, inversiones financieras por valor de 159 millones de euros, imposiciones a plazo fijo en cuentas de BBVA, Sabadell, y Popular, no se van a volver a renovar.

El 23 de febrero de 1983 comenzó una nueva vida para Rumasa. El Real Decreto por el que el Gobierno expropió por razones de utilidad pública el grupo creado en Jerez de la Frontera en 1961 -entonces bajo la denominación social de Ruíz-Mateos Hermanos- no puso término a la compañía. Finalizó entonces la Rumasa privada, y nació la Rumasa pública. El Congreso de los Diputados aprobó ese mismo año, en junio, la Ley de Expropiación, y el 100% de la empresa pasó a ser propiedad del Estado.

Comenzó así una ardua tarea de reprivatizaciones de las compañías expropiadas. Dicho proceso culminó en 1990 con la venta de Banco Expansión Internacional. Desde entonces, el Estado ha ganado los más de 1.500 pleitos planteados por la expropiación. El auto de 24 de abril de 2014 del Tribunal Supremo en el que se desestimaba un incidente de nulidad contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue el último procedimiento judicial vinculado a Rumasa.

El mes pasado el capital social de Rumasa se redujo en 49,8 millones

En noviembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó la extinción de Rumasa, abriéndose el periodo de liquidación de la sociedad. Este año, Rumasa, según sus cuentas de 2015, debía aplicar un ERE y extinguir los empleos con los que contaba. El sueldo que recibieron las 18 personas que formaban la plantilla en 2015 de Rumasa ascendió en total a 475.000 euros. Las oficinas de Velázquez ocupadas por la compañía desde el año 1985, alquiladas por contrato año a año, han tenido un coste anual superior a los 230.000 euros.

Las 18 personas que constituía la plantilla de Rumasa hasta su liquidación estaban formadas por 10 consejeros (incluyendo su presidente y el secretario general), dos directivos, cuatro administrativos, y otros dos empleados cualificados. El consejo de administración ganó el pasado año 120.420 euros, y 60.429 euros en concepto de dietas por asistencia. El pasado 24 de noviembre se adoptó el cese del consejo de administración. El presidente percibió una indemnización de 8.000 euros.

El principal activo con el que contaba hasta ahora Rumasa eran inversiones financieras a corto plazo por importe de 158 millones. La compañía explica que dicha inversión responde a "la adquisición exclusiva de valores de Deuda Pública del Estado, con pacto de recompra". Desde 2010 Rumasa viene realizando imposiciones a plazo fijo. "Constituye la partida más importante del balance de esta compañía y prácticamente la generadora exclusiva, por devengo y cobro de intereses, del saldo positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias", explica la empresa en sus últimas cuentas.

A 31 de diciembre de 2015, las imposiciones a plazo fijo de Rumasa se repartían en cuentas de BBVA, 42,9 millones de euros; Sabadell, 23,5 millones; y Popular, 91,8 millones. Desde la Administración se ha explicado a Vozpopuli que, una vez decidida la liquidación de la sociedad, dichas inversiones no van a volver a renovarse. Las mismas fuentes precisan no obstante que el proceso de liquidación "todavía no ha concluido". En la actualidad, Rumasa tiene en depósitos 58 millones, y "100 millones en líquido disponible en las cuentas bancarias".

"Hay que acometer el proceso de venta de activos y de ubicación definitiva de su archivo", explican. "Se irá viendo". Desde que el Gobierno decretara la apertura de la liquidación de Rumasa, es la empresa pública Cofivacasa, dependiente de la Sepi, la encargada de esta labor. Cofivacasa se dedica a liquidar sociedades públicas provenientes en su mayor parte del antiguo INI y que se encuentran actualmente sin actividad industrial. Su presidenta, Matilde E. Galván Vallina, firmó el pasado 21 de septiembre una reducción de capital en Rumasa, por importe de 49,8 millones, dejando el capital social de la compañía en 52,2 millones, como se publicó en el BOE. "La reducción de capital tiene por objeto adelantar al Estado parte del capital social, sin que suponga ningún menoscabo para la liquidación de la sociedad", explican las fuentes consultadas.