Requisan los móviles de directivos de Altadis al sospechar un pacto de precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no es la UCO (Guardia Civil) ni la Udef (Policía Nacional). Pero en lo que respecta a las inspecciones que realiza en empresas sospechosas de haber cometido delitos contra la competencia, se les parece.

Los ordenadores y dispositivos móviles de varios directivos de Altadis fueron requisados por el personal de Competencia que el pasado mes de marzo irrumpió en la sede de la empresa tabaquera, donde trabajan cerca de 300 personas. Durante tres días las oficinas en Madrid de Imperial Tobacco España, propietario de Altadis, fueron inspeccionadas.

El organismo investiga posible delito de pacto de precios entre empresas de cigarrillos en España al menos desde el año 1998, y en el marco de esa investigación fueron inspeccionadas varias compañías. De momento sólo se ha conocido que fueron registradas las sociedades del grupo británico Imperial Tobacco (Altadis, Tabacalera, y Altadis Canarias), que comparten sede en Madrid, pero previsiblemente en breve se conocerán los nombres de las otras multinacionales del tabaco investigadas, y se iniciará, posiblemente, un expediente sancionador. La compañía, con la que contactó ayer miércoles este diario, ni siquiera ha confirmado la inspección.

Durante la inspección estuvieron presentes representantes de la empresa, el director del área jurídica, y varios abogados externos

Aunque los ejecutivos de Altadis han recibido un curso sobre como actuar en el caso de una inspección de Competencia, la congoja que debieron sentir durante la revisión debió ser similar a la que padecen los investigados por cuerpos de seguridad del Estado.

Los pasados días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo se llevaron a cabo tales inspecciones en la sede de Altadis. La Dirección de Competencia copió la documentación guardada en ordenadores y móviles de directivos y empleados. La inspección se realizó en presencia de los directivos afectados así como de abogados externos que asesoraron durante el proceso a la compañía.

Altadis -que comercializa las marcas Fortuna, Ducados, Nobel, Farias, o Golden Virginia, entre otras- recurrió la inspección y los motivos de la misma alegando que las actuaciones realizadas en su sede "infringían tanto el derecho de defensa de las empresas inspeccionadas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de comunicaciones de sus empleados". La Sala de la Competencia ha desestimado recientemente el recurso de la compañía tabaquera en un informe al que ha accedido este diario.

La compañía tabaquera sostiene que se copiaron "sin ningún tipo de filtro previo" cantidades ingentes de documentación electrónica de los ordenadores y dispositivos móviles de los directivos y empleados investigados, "de forma que las empresas inspeccionadas no tuvieron la oportunidad material de saber qué informaciones se estaban copiando".

Altadis dice que no puede tener certeza de que no hayan sido copiados documentos personales de los inspeccionados

Mientras duró la búsqueda de documentación y la realización de copias por parte de Competencia en la sede de Altadis, siempre estuvieron presentes junto con los inspectores del organismo, personal de la empresa, un representante, el director de la asesoría jurídica y abogados externos, cuyo número osciló entre tres y cuatro.

La Dirección de Competencia accedió a la sede de Altadis con consentimiento previo de su representante. El equipo inspector se puso en contacto con el despacho de abogados que asesora a la empresa en materia de competencia, que con anterioridad había impartido cursos en la empresa sobre inspecciones del organismo.

Altadis considera que la metodología de Competencia "vulnera los derechos de defensa de las empresas inspeccionadas y el secreto de las comunicaciones de sus empleados", ya que no se ha garantizado que los inspectores no hayan podido tener acceso a informaciones y documentos protegidos por el secreto de las comunicaciones, "ni tampoco que no haya accedido a documentos que no estén relacionados con la inspección o a documentos que pertenezcan a la esfera estrictamente personal de los directivos y empleados investigados".

La empresa de cigarrillos fue más allá en su recurso contra la inspección al alegar que no puede tener certeza de que el equipo inspector "no haya accedido y haya podido copiar documentos protegidos por el secreto de las comunicaciones abogado externo–cliente, documentos no relacionados con la inspección o documentos de naturaleza estrictamente personal de los directivos y empleados investigados".

La Dirección de Competencia afirma que sí fueron aplicados criterios de búsqueda previos. Y señala que no se produjo "una descarga masiva de información" ya que esta fue previamente seleccionada por el equipo inspector con ayuda de los inspeccionados. Además añade que la representación de la empresa estuvo en todo momento presente en el proceso y tuvo acceso a la documentación copiada.

Competencia advierte que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acceso o lectura preliminar de documentos que puedan contener datos que afecten a la vida privada "no constituye en sí misma una infracción del derecho, sino una posible vulneración futura y eventual, en la medida en que estos datos se revelen o se utilicen fraudulentamente violando la intimidad del inspeccionado", cosa que en el presente caso no ha sucedido "puesto que no puede olvidarse el deber de secreto y de sigilo al que están obligados los funcionarios públicos".