¿Bono social también para ricos? Los 200 millones que arreglarían la pobreza energética

Cualquier familia numerosa, independientemente de su renta, puede acogerse al bono social que permite la actual normativa vigente y otorga a sus beneficiarios importantes descuentos sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Se da la paradoja de que se puede cobrar un millón de euros al año y si se tienen tres hijos o más, tener en casa el bono social. Eso sí, siempre y cuando la potencia contratada sea inferior a los 10 kilovatios.

Con esta potencia se pueden disfrutar sin limitación alguna de todas las comodidades en una vivienda grande.

También se pueden beneficiar del bono social los mayores de 60 años, los que reciban la pensión mínima pero también otros que puedan estar jubilados por invalidez, independiente de que acumulen grandes patrimonios.

Y las familias con todos sus miembros en paro, por supuesto, así como todos aquellos hogares con una potencia inferior a 3 kilovatios.

El bono social se ha convertido en un cajón de sastre, en el que caben ricos y pobres, y al que no pueden acogerse, paradójicamente, familias que están en situación de pobreza energética

Pero, según las compañías eléctricas, que son las que tienen que abonar los en torno a 200 millones anuales que cuesta sufragar el bono social, este sistema se ha convertido en una cajón de sastre en el que caben todos, los más pobres, pero también los más ricos.

Creen estas grandes compañías que este dinero sería más útil si se destinara a luchar contra la pobreza energética y evitar que se produzcan cortes de luz y gas por impago de las facturas de las familias más vulnerables.

Actualmente, se acogen al bono social en España 2,48 millones de personas. Sin embargo, la pobreza energética afecta a unos cuatro millones de hogares, de forma que hay muchas de estas familias que no están acogidas al bono social.

Las grandes del sector han trasladado al Gobierno que una buena forma de luchar contra este grave problema, acrecentado durante los duros años de crisis económica, es racionalizar el bono social sin eliminarlo, pero desviar la partida que se destina a él (total o parcialmente) a costear los impagos de los hogares que no pueden afrontar el pago del recibo.

Los grandes ayuntamientos, algunos de ellos gobernados por formaciones (Podemos, Ciudadanos, Compromís, PSOE…) que han hecho bandera de la lucha contra la pobreza energética, también ven con buenos ojos esta propuesta.