Luksic acude a la justicia europea para anular la venta del Popular al Santander

Aeris Invest ha presentado este jueves un recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, con motivo de la resolución de Banco Popular. 

La sociedad de inversión de la familia chilena Luksic, que alcanzó el 3,45% de Banco Popular pocas semanas antes de la resolución de la entidad española a través de Aeris Invest, ha informado a través de un comunicado que la demanda tiene por objeto la anulación de las Decisiones adoptadas por ambos
organismos, por las cuales se aprobó la resolución de la entidad el pasado 7 de junio y la posterior venta a Santander, así como la condena en costas de los mismos.

"Aeris expone que la Decisión infringe numerosos artículos de normas y principios legales. En concreto se alega que la resolución infringe el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación de motivación, pues no se han hecho públicos todos los motivos de la Decisión de la JUR", ha señalado la compañía.

Luksic sostiene que la Junta habría "infringido principios generales de derecho al acordar la resolución por una crisis que provocó la propia Junta"

Luksic sostiene que la Junta habría "infringido principios generales de derecho al acordar la resolución por una crisis que provocó la propia Junta por las declaraciones de su Presidente. Además, la Decisión no
buscó las alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas, privó a Aeris de su propiedad sin darle trámite de audiencia, y acordó la venta a Banco Santander sin una valoración adecuada o a la maximización del precio de venta, entre otros argumentos".

Aeris Invest , que ya presentó el pasado 21 de junio recurso contencioso-administrativo contra el
FROB, considera que dicho Reglamento vulnera los artículos 17 y 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, "ya que no contemplan un trámite de audiencia a favor de los afectados, lo que habría permitido analizar medidas alternativas menos gravosas para salvaguardar el interés general y garantizar el equilibrio de intereses".