El consorcio de Sacyr aún reclama 1.465 millones de euros por las obras del Canal de Panamá

Justo un año después del inicio de la gran crisis de la ampliación del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr y encargado de la construcción del nuevo juego de esclusas, ha logrado una primera victoria en la batalla que mantiene con el cliente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a causa de las reclamaciones por sobrecostes en los trabajos. El consorcio cobrará algo más de 190 millones de euros por una de las principales reclamaciones pero en las diferentes instancias contempladas en el contrato aún se dirimen otras cuatro, que suman un total de 1.465 millones de euros más.

La reclamación que acaba de atender la junta de resolución de conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) es la segunda sobre la que se pronuncia este organismo dentro de la particular batalla que libra GUPC con la ACP. La primera de ellas, valorada en unos 100 millones de euros, tuvo un resultado desfavorable para el consorcio, que decidió recurrir ante el tribunal de arbitraje de Miami, última de las instancias contempladas en el contrato.

Estas dos reclamaciones son las más antiguas de las que se dirimen en torno a los supuestos sobrecostes de las obras de ampliación del Canal de Panamá y fueron presentadas ante la ACP en los años 2010 y 2011. El hecho de que la DAB haya resuelto ahora sobre la segunda reclamación (un proceso que aún no ha concluido puesto que la ACP aún estudia recurrir a Miami) es una muestra de lo largo que va a ser el proceso hasta resolver todas las reclamaciones presentadas por el consorcio.

Porque las otras tres grandes reclamaciones aún se encuentran en la primera instancia, esto es, la propia ACP, que todavía no se ha pronunciado al respecto. La más voluminosa de todas, valorada en unos 750 millones de euros, fue presentada hace justamente un año, aunque todavía no ha tenido respuesta por parte del cliente, que ha alegado en repetidas oportunidades que la demanda no está suficientemente documentada por parte del cliente.

Respecto de las dos últimas, presentadas en vísperas de Navidad, el administrador general del Canal, Jorge Quijano, admitió que aún no habían sido leídas en su totalidad debido a su desmesurada extensión, hasta el punto de que llegó a calificar el contenido de las reclamaciones de “mamotretos”.

En línea con el informe de DLF

Teniendo en cuenta el ritmo de los procesos, es más que probable que las partes implicadas conozcan el final definitivo del proceso más allá del año 2018. Para entonces, si se cumple el último cronograma previsto en la obra, las nuevas esclusas del Canal de Panamá llevarán más de dos años prestando servicio.  

La resolución del DAB estima tan sólo en parte la cantidad solicitada por el consorcio de Sacyr en lo referido a la calidad del basalto empleado para la obra, ya que GUPC elevaba los sobrecostes por este capítulo hasta los 410 millones de euros.

Una proporción que se aproxima a lo estimado en su día por el informe solicitado por el consorcio al experto independiente DLF Associate, cuando tan sólo las tres primeras grandes reclamaciones estaban encima de la mesa. El citado documento consideraba como escenario más probable que el consorcio recuperara aproximadamente la mitad de la cantidad que reclamaba a la ACP en concepto de sobrecostes.

En concreto, DLF Associate concluía en su estudio que GUPC podría lograr en las instancias de resolución de conflictos 832 millones de dólares (cerca de 700 millones de euros) de los 1.625 millones de dólares que, por entonces, reclamaba el consorcio.

En juego no sólo está una considerable cantidad de dinero sino también de tiempo, en forma de ampliación de plazo para terminar la obra. De acuerdo con los planteamientos iniciales, el nuevo Canal debería haber sido entregado en octubre de 2014, aunque los acuerdos entre las partes extendieron el plazo hasta finales de 2015.

La resolución del DAB da al consorcio seis meses más para concluir las obras mientras que el resto de reclamaciones también incluyen solicitudes de ampliación de plazo. Algo que podría evitar el hecho de que el consorcio tuviera que pagar una penalización por retrasos en la entrega y que, en el mejor de los casos, incluso le permitiría cobrar una recompensa por acabar antes de tiempo.