Publicado: 04/11/2013 16:58
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado diez días de plazo al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, para que depositen 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas que se piden para ellos como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
En un auto dado a conocer este lunes, el juez abre juicio oral contra los dos empresarios y otras dos personas y da veinte días a las acusaciones para que formulen acusación y propongan prueba. El pasado 3 de octubre ya se pronunció la Fiscalía Anticorrupción, solicitando penas de 48 años y seis meses para el expresidente y 14 años para el actual responsable de la cervecera.
Las cantidades solicitadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 supera con creces las solicitadas por Anticorrupción, que eran de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen. A estos dos últimos Ruz les impone 269,525 millones de euros y 402,861 millones de euros, respectivamente.
Embargos
En el auto de apertura de juicio, que supone sentar a los empresarios en el banquillo, Ruz recuerda que las medidas cautelares decretadas ya en la causa sobre los bienes vinculadas a Carceller Coll han quedado concretadas en el bloqueo y prohibición de disposición de la totalidad de acciones de SA Damm de la que es titular la mercantil Seegrund BV, siendo un total de 36.272.424 acciones con un valor actual de 208,566 millones de euros, un bloqueo que se hace extensible a los dividendos que estos títulos generen y que queden depositados en Deutche Bank y GVC Gaesco Valores.
Ya el pasado 11 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto señalando que veía motivos suficientes para juzgarles por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales.
En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio
Ocultando bienes y patrimonio desde los 90
Anticorrupción señalaba en su escrito que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España"
Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.
Añadía Anticorrupción que, con este fin, utilizó "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo "Jardines".
Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.
Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.
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