Publicado: 22/08/2013 11:43
A muy cerca de cumplirse un mes de la mayor tragedia ferroviaria en 40 años, cada día que transcurre del tórrido mes de agosto el nudo de la soga aprieta un poco más a los máximos dirigentes de Renfe Operadora y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre. Enrocados en que nada de lo que se hizo en el trayecto con tramos de alta velocidad Madrid-Ferrol fue ilegal, ni tampoco fue el motivo del descarrilamiento del Alvia en las proximidades de Santiago de Compostela el 24 de julio con resultado de 79 muertos, la lectura del auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago suena como una bofetada a las comparecencias de Gómez-Pomar y Ferre en el Congreso el pasado 8 de agosto: “Las características de la vía en el lugar donde se produjo el descarrilamiento son sumamente comprometidas para la circulación de los trenes, poniéndose en riesgo la vida e integridad de las personas. Basta con ver el croquis de situación obrante en el folio…”.
Un auto que no rehúye la culpabilidad directa del maquinista Garzón Amo, cuya “indebida conducción”, fruto de un despiste ocasionado por una llamada telefónica que le impidió darse cuenta del exceso de velocidad, es para el juez Luis Aláez la “causa esencial” de la tragedia de Angrois. Así, con el único afán de “sancionar aquellas conductas recogidas como delito” de los dos operadores, Aláez imputó el lunes al (o los) responsable(s) de la seguridad del tramo en cuestión porque, como se dice en otro pasaje clarividente, “puede concluirse que ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad en la circulación ferroviaria”.
Cascada de peticiones
Sin embargo y más allá de la culpabilidad delictiva –ningún experto ferroviario consultado cree que ésta acabará atrapando a directivos de las dos compañías estatales-, la sensación de que se eluden responsabilidades políticas es cada día más evidente. Varios de los grupos minoritarios en el Congreso (IU, BNG) han vuelto a redoblar su esfuerzo en medio de las vacaciones para exigir la dimisión de Gómez-Pomar y Ferre, una petición que podría encontrar respaldo entre los sindicatos (que de momento no se han posicionado) y que se ha topado con la inestimable ayuda de la diputada madrileña María Teresa Gómez-Limón, la cual, con un verbo suelto que supera al de Esperanza Aguirre (a la que sustituyó en la Asamblea tras su cese), pide la cabeza de los dos responsables. Gómez-Limón resultó herida en el Alvia S-730 que descarriló el 24 de julio y estos días recorre los medios apuntando a que dejar caer a Gómez-Pomar y Ferre sería un acto de “higiene democrática”. Según ha sabido este medio a través de dos fuentes del sector, la ministra de Fomento, Ana Pastor, baraja estos días la carta de la destitución de ambos.
Desde Renfe y Adif se incide en que los reproches del juez no tienen por qué hacer peligrar la cabeza de sus máximos responsables, y que las palabras del presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, en el Congreso hace dos semanas (“los sistemas de seguridad a instalar no los deciden ni el presidente de Adif ni el de Renfe, sino profesionales técnicos con un profundo conocimiento”) casan perfectamente con la filosofía del escrito. Algunos portavoces de Renfe desde el anonimato han criticado el auto del juez, que abunda en elementos técnicos.
Peligra la paz PP-PSOE
“Ante el previsible error o despiste de un maquinista que puede circular a 200 kilómetros por hora en el tramo accidentado”, continúa el auto, “se debían de haber adoptado otros procedimientos”. “Por su ubicación, entre 200 y 300 metros del inicio de la curva, la instalación de una señal fija de cambio de velocidad máxima a 80 kilómetros por hora se muestra claramente insuficiente”, ya que dicha indicación “está tan próxima a la citada curva que hace imposible o muy remotamente posible la corrección manual”. Durante 11 folios, el texto incide en la idea, “la desatención en la seguridad de la línea”.
Cauteloso ante un trayecto inaugurado en las postrimerías del Gobierno de Zapatero, y también ante la revelación del presidente de Adif en el Congreso de que en junio de 2010 se tomó la decisión política de dejar el tramo Ourense-Santiago con vía convencional y sistema ASFA (en vez del moderno y más seguro ERTMS), el PSOE se contentó con una declaración tan timorata como pedir al Gobierno que colabore “rigurosa y rápidamente”. La posible dimisión de los presidentes de los dos entes dejaría en evidencia a los socialistas. Esta mañana, el diputado popular Rafael Hernando amagó con romper la paz entre las dos formaciones al sugerir que el juez debería investigar "el hecho de que el proceso inicial [del proyecto] se modificara para acabarlo antes y cortar una cinta", algo que supuestamente ocurrió con el gallego José Blanco al frente de Fomento.
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