El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha relanzado un gran contrato para el mantenimiento de la red convencional, similar al que trató de poner en marcha el pasado año y que, finalmente, corrió la misma suerte que algunos otros: quedó suspendido por la situación financiera de la sociedad pública y los numerosos conflictos que mantenía con las constructoras a cuenta del desarrollo del AVE. Ahora que la paz está volviendo, tras la llegada de Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento, se hará un nuevo intento.

No obstante, en estos meses el contrato ha variado en algunos de sus aspectos más sustanciales. Su valor es similar, en torno a los 600 millones de euros. Sin embargo, a diferencia del anterior, refleja la intención de Fomento de dar un peso mucho mayor a la parte técnica en todas las licitaciones con el fin de evitar desagradables sorpresas posteriores, en forma de excesivos modificados y sobrecostes.

En la nueva licitación coexisten dos criterios para la adjudicación: el económico y el técnico, mientras que en la anterior tan sólo contaba la oferta económica, lo que convertía el proceso en una auténtica subasta. Además, la parte técnica tendrá un peso muy importante a la hora de evaluar las ofertas, el 49%, frente al 51% de la parte económica. Prácticamente a la par, un hecho inédito en los últimos años en este tipo de procesos.

No será la única novedad. Como ocurría con la anterior licitación, el contrato está dividido en lotes, atendiendo a criterios de zonas geográficas. Pero el nuevo tan sólo incluye siete lotes frente a los 19 que se contemplaban en el primero. De esta forma, el anterior concurso ofrecía más oportunidades a los pequeños y medianos grupos ya que, además, establecía una limitación para obtener más de dos lotes, una circunstancia que no se repite en el caso del proceso que acaba de ponerse en marcha.

Desde que De la Serna asumió la cartera de Fomento, una vez constituido el nuevo Gobierno, ha intensificado las negociaciones con las grandes constructoras para tratar de desbloquear el desarrollo de la red de AVE, que estaba prácticamente paralizado porque una buena parte de los contratos estaban inmersos en procesos judiciales y, en otros casos, las compañías habían decidido resolverlos por no ser autorizados los modificados que planteaban en su día.

Hace unas semanas, el ministro anunció que había conseguido resolver buena parte de los más de 60 casos de obras paralizadas o suspendidas por este motivo. Otro de los problemas que pretende resolver es el derivado de los procesos judiciales que se han generado a raíz de los conflictos entre Adif y las constructoras por los tramos del AVE, que han hecho que la compañía pública deba registrar en sus cuentas provisiones que han contribuido a incrementar sus cuantiosas pérdidas.

Una consecuencia de este escenario ha sido la supresión por parte de Adif de algunas jugosas licitaciones, como la que ahora se vuelve a poner en marcha, a lo largo del pasado ejercicio que, además, tenía el problema añadido de contar con un Gobierno en funciones durante la mayor parte del año.