La esposa y los hijos del expresidente de Pescanova, imputados por blanqueo en Andorra

José de la Mata, del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar como investigados a la esposa de Manuel Fernández Sousa, Rosario Andrade, y a sus dos hijos, Pablo e Ignacio Fernández Andrade. Lo harán el próximo 26 de junio.

La decisión del magistrado se produce después de que el fiscal anticorrupción Juan Pavía, haya solicitado al juzgado una prórroga para esclarecer si los familiares del expresidente de Pescanova cometieron delito de blanqueo de capitales y contra Hacienda al transferir importantes cantidades de dinero a Andorra. La información, publicada ayer martes por El Faro de Vigo, ha sido confirmada por Vozpópuli.

A finales de 2015 el fiscal ya solicitó identificar activos que pudieran haber sido depositados en Andorra por los familiares de Manuel Fernández Sousa y por el mismo expresidente de Pescanova. La esposa y los dos hijos de Sousa ya están siendo o han sido investigados en Andorra por presunto delito de blanqueo de capitales.

En febrero de 2013 estalló el escándalo contable de Pescanova

Los tribunales de Andorra informaron al juzgado español a finales del pasado año que María del Rosario Andrade abrió en 2009 en una oficina de Andbank una cuenta ingresando en efectivo 0,95 millones. En el mismo día en el que hizo el ingreso se destinaron desde la misma cuenta 300.000 euros a cada una de las cuentas abiertas en la misma oficina a nombre de sus hijos Pablo Javier e Ignacio José.

La cuenta andorrana de la familia de Sousa recibió otros ingresos en efectivo efectuados en 2010 y 2012, en total, 1,5 millones de euros. En 2015 se registraron varias retiradas en efectivo por importe de 0,16 millones. La cuenta fue bloqueada en octubre de 2015.

Pablo Javier Fernández Andrade abrió, al mismo tiempo que su madre, una cuenta en Andorra en la que ingresó los 300.000 euros transferidos, apareciendo en los registros de la entidad como "director general del grupo Pescanova". La misma cuenta recibió otros ingresos en efectivo, entre ellos uno procedente de una firma panameña por importe de 0,15 millones.

Ignacio José Fernández Andrade abrió igualmente otra cuenta en Andorra que recibió los 300.000 euros transferidos por su madre, y también percibió otros ingresos hasta mediados de 2012.

El juzgado comunicará a la Agencia Tributaria los datos obtenidos, para saber si los movimientos encontrados en las cuentas andorranas han sido declarados a Hacienda. El juzgado también solicitará a Andorra información ampliada, en particular a la referida transferencia que desde Panamá se realizó a una de las cuentas localizadas de la familia del expresidente de Pescanova.

El 28 de febrero de 2013 la multinacional gallega informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que existían dudas sobre su contabilidad del grupo. La compañía fue declarada en concurso de acreedores poco después, uno de los mayores de la historia empresarial española, con un desfase patrimonial de 1.667 millones. Las auditorías realizadas con posterioridad sobre las cuentas de Pescanova desvelaron que la deuda real de la compañía era superior a los 3.000 millones, cuando había comunicado una deuda de 1.522 millones.

Tras el escándalo contable del grupo pesquero llegaron las indagaciones judiciales. En su momento, Manuel Fernández Sousa declaró un patrimonio muy inferior al que se le supondría al presidente de una de las mayores multinacionales de alimentación españolas, integrado por una finca en El Escorial, acciones de Pescanova, y dos automóviles. A mediados de 2015 el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, imputó a la esposa de Sousa por intentar transferir cuatro millones de euros desde un banco de Portugal a una entidad con sede en Hong Kong.