Publicado: 28/09/2014 04:00
El goteo es incesante. Día tras día, el registro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recibe nuevos recursos contra la normativa renovable aprobada por el Gobierno en junio pasado.
El conocido hachazo renovable, que han pergeñado el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha cambiado todas las reglas de juego del sector, con carácter retroactivo, lo que provocará una merma de ingresos tan acusada para las empresas renovables, tanto grandes como pequeñas, que muchas de ellas irán a la quiebra.
Una vez formalizado el polémico ajuste a comienzos de verano, a través del Real Decreto 413/2014 y la Orden Ministerial IET/1045/2014, la mayoría de las compañías afectadas de todo el arco renovable (eólicas, fotovoltaicas, termosolares, biomasa…), el tratamiento de residuos y la cogeneración, así como sus patronales, se han lanzado a presentar recursos contra las dos normas.
Ante la previsión de recursos y demandas de todo el sector renovable español y de muchos fondos e inversores internacionales presentes en España y afectados por los duros ajustes a la retribución de las instalaciones, el Ministerio de Justicia, a petición del de Industria y de Moncloa, creó a finales del pasado año una unidad especial para defender al Reino de España de la andanada jurídica que se le iba a venir encima, tal y como adelantó Vozpópuli.
Grandes empresas como Iberdrola o Gas Natural, patronales como Appa y Unef y decenas de pequeños productores están colapsando los registros de entrada de la Sala Tercera del Supremo
Así ha ocurrido meses después, cuando Industria ha desarrollado la reglamentación para articular los recortes, después de la aprobación, también el pasado año, de la reforma energética.
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Según los datos actualizados de Vozpópuli, son ya unos 200 recursos los que han sido registrados por el Supremo, según se desprende de la información facilitada por el Alto Tribunal a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta semana ha sido un no parar. Si el lunes pasado, el BOE se hacía eco de los nuevos recursos presentados hasta ese día, contabilizando unos 112, la avalancha de escritos no ha parado de crecer, hasta el punto que son ya más de 200 recursos los que ha registrado el Supremo. Entre los últimos demandantes están las principales asociaciones canarias de renovables, con Hacer y Aeolican a la cabeza, que han interpuesto recursos contecioso-administrativos contra la orden ministerial que fija la nueva retribución a las energías verdes. Las dos asociaciones han advertido al Gobierno que no sólo irán al Supremo, también acudirán a la Comisión Europea y al Europarlamento.
También han llegado estos días ante el Supremo decenas de recursos de pequeños productores, sobre todo fotovoltaicos, así como los presentados por empresas de mayor calado como Elecnor, vía dos de sus filiales, o gigantes de la talla de Gas Natural Fenosa, a través de sus divisiones GNF Renovables y Fenosa Wind, Enel Green Power, el grupo italiano que absorbió los activos verdes de Endesa cuando su matriz tomó el control de la eléctrica española, entre otras. No le han ido a la zaga la portuguesa EDP, las españolas Ence, Sener y Fotowatio y la multinacional nórdica del sector papelero Stora Enso. También lo hicieron semanas atrás gigantes como Iberdrola y todas las patronales. Desde la fotovoltaica UNEF a la eólica AEE pasando por la asociación que aglutina a todas las renovables, APPA, o Protermosolar, defensora de los intereses de este tipo de energía solar. Comunidades autónomas como la Junta de Extremadura, ayuntamientos como el de Santa Coloma de Gramanet o asociaciones como la del sector de los purines de ganadería, los fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida o Aspapel, la patronal de fabricantes de pastas, papel y cartón.
La mayoría de los recursos presentados hasta la fecha (vendrán muchos más en los próximos días, según las fuentes del sector consultadas) van dirigidos contra la orden ministerial que establece los nuevos parámetros retributivos, que provocarán que un buen número de pequeñas y medianas instalaciones, sobre todo fotovoltaicas y de cogeneración, vayan a la quiebra, dados que sus ingresos no darán ni para cubrir los intereses de la deuda contraída con los bancos para poner en marcha las plantas. El Gobierno ha fijado una rentabilidad razonable de referencia del 7,5% para todo el régimen especial, en función de unos parámetros de inversión según unos patronales estándar de las instalaciones. La mayor preocupación del Ministerio de Justicia y del equipo que ahora dependerá del nuevo ministro Rafael Catalá no es la avalancha de contenciosos a nivel interno, sino de las demandas y arbitrajes internacionales que están promoviendo contra el Reino de España fondos y e inversores foráneos, que han acudido a organismos como el Tribunal Internacional Ciadi o la propia Comisión Europea, así como a tribunales ordinarios de países como Estados Unidos o Luxemburgo, donde tiene sus sedes sociales compañías que han invertido en el sector renovable español. La principal andanada jurídica que plantean estos demandantes contra las decisiones del Gobierno se basa en el carácter retroactivo de buena parte de las medidas adoptadas, dado que no sólo atacan las retribuciones de las instalaciones a futuro, sino también a aquellas que se fijaron por el anterior Gobierno de Zapatero. Moncloa e Industria trabajan conjuntamente con el equipo creado en Justicia para preparar una defensa jurídica conjunta en los procesos judiciales y arbitrales que se avecinarán en los próximos meses. |
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