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Renfe, Adif y DUCH (BBVA y San José) podrán renegociar los términos del contrato de la ‘operación Chamartín’

Maqueta de la operación Chamartín

La eterna 'operación Chamartín' entra en su enésima nueva fase. La promotora del desarrollo urbanístico, DUCH, (participada por BBVA y Grupo San José), y Renfe y Adif, propietarios de los terrenos en los que debería ejecutarse, están en disposición de renegociar el contrato que les vincula, que contempla el pago de casi 1.000 millones de euros por el suelo de la operación, lo que puso en el pasado a la promotora entre la espada y la pared.

La posibilidad de modificar el contrato ha sido propiciada por el retraso por parte de las autoridades de Madrid del Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) necesario para poder desarrollar la operación. El propio contrato establecía que si después de la última modificación transcurrían cinco años sin que el PPRI se aprobara en los términos contemplados en el mismo, las partes podrían exigir la renegociación del mismo.

Este plazo se cumplió a finales del pasado mes de julio, por lo que tanto la promotora como los propietarios de los terrenos pueden proceder a modificar sus términos y adaptarlos a las nuevas circunstancias que no estaban, obviamente, contempladas hace un lustro.

Entre ellas se encuentra por encima de todas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que impedía la construcción de edificios de más de tres alturas en los terrenos implicados en el desarrollo, aspecto que hace totalmente inviable la ‘operación Chamartín’.

Cambios en el proyecto

El contrato actualmente en vigor contemplaba que DUCH estaba obligada a adquirir los terrenos a partir del 1 de enero de este año y desembolsar por ellos 984 millones de euros. No obstante, tanto la promotora como los propietarios de los terrenos interpretaron que la sentencia hacía que los compromisos contemplados en el contrato no fueran exigibles, al menos de forma transitoria, mientras no se desbloqueara la situación.

Sin embargo, a partir de ahora ambas partes podrán rediseñar el contrato para evitar apreturas del calendario a la espera de que llegue el nuevo PPRI que deberá ser aprobado para que la ‘operación Chamartín’ pueda salir al fin adelante.

Por su parte, DUCH está estudiando la modificación del proyecto para que no choque con la sentencia del TSJM, aunque tanto las partes como el Ayuntamiento de Madrid interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Última oportunidad para la operación

Sin embargo, la decisión del Alto Tribunal podría tardar más de tres años en llegar, demasiado tiempo para una operación que lleva planteada más de dos décadas sin que haya podido removerse aún ni un metro cúbico de tierra.

De hecho, la decisión del TSJM dejó tambaleándose la operación hasta el punto de que DUCH se ha planteado su viabilidad en más de una ocasión. Sin embargo, BBVA, que controla cerca del 75% de su capital, parece haber apostado por tratar de darle un último impulso.

Como prueba, la entidad financiera ha situado en la presidencia de DUCH a Antonio Béjar, anterior responsable del área inmobiliaria del banco. En sus manos y en las de su equipo está la decisión definitiva de si continúan con el proyecto o lo abandonan. Eso sí, podría ser que con nuevo contrato con Renfe y Adif. 

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