Publicado: 29/12/2017 04:05
La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, el organismo supervisor que lideró el proceso de la intervención y posterior liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en el país latinoamericano, se ha quedado súbitamente descabezado. José Miguel Mendoza, artífice del proceso que dejó al grupo español sin el control de la distribuidora eléctrica que presta servicio a 2,5 millones de personas, ha presentado su renuncia al cargo en las últimas horas con efecto del próximo 31 de diciembre. Una decisión voluntaria, en principio, pero que ha desatado todo tipo de rumores.
La renuncia de Mendoza se produce en pleno proceso de liquidación de Electricaribe, una operación que comandó desde el pasado 15 de noviembre de 2016, cuando se produjo la intervención de la empresa ante el riesgo de que su delicada situación financiera derivara en apagones generalizados en la región del Caribe. La Superintendencia también tomó cinco meses después, tras una fallida negociación con la compañía española, proceder a la liquidación de Electricaribe.
Un proceso que se encuentra en estos momentos estancado, pendiente de un estudio encargado a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) con el fin de encontrar una salida a la distribuidora eléctrica.
Contra todo pronóstico, y cuando aún no está ni mucho menos despejado el panorama de la liquidación, Mendoza anunció su retirada. En declaraciones al medio local El Heraldo, el todavía superintendente de Servicios negó que su decisión se haya visto condicionada por presiones de algún tipo y aseguró que, después de seis años al servicio del Gobierno (casi dos de ellos en la Superintendencia), había llegado el momento de descansar.
La visita de Villaseca
Diversos rumores apuntaban a supuestas presiones de Gas Natural Fenosa para que Mendoza abandonara el cargo, algo que él mismo ha desmentido. Recientemente, el consejero delegado del grupo español, Rafael Villaseca, volvió a Colombia para explicar al Gobierno local la reciente operación de venta del negocio de distribución de gas en la zona metropolitana de Bogotá al fondo Brookfield y, además, para tratar de retomar las conversaciones por el futuro de Electricaribe.
El viaje de Villaseca no fue excesivamente fructífero. El bagaje apenas consistió en un compromiso de volver a hablar cuando se conociera el informe de la FDN, cuya publicación estaba prevista para antes de que finalizara el mes de noviembre pero que será difícil que vea la luz antes de la próxima primavera debido a la compleja situación de Electricaribe.
En el año largo que la gestión de la compañía corre a cargo de la Superintendencia de Servicios la situación de Electricaribe está lejos de haber mejorado. Los problemas de liquidez tan sólo han podido ser paliados con inyecciones de dinero público para asegurar la compra de energía con el fin de poder garantizar el suministro.
Un polémico informe de la Contraloría
Recientemente, los sindicatos de Electricaribe han enviado una comunicación a la Contraloría, el organismo de control fiscal público, para denunciar que la situación de los trabajadores sigue estando marcada por la incertidumbre y que el proceso de intervención no ha disipado la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.
La renuncia de Mendoza se produce poco después de un nuevo episodio de la guerra que mantienen el grupo que preside Isidro Fainé y el Gobierno colombiano a causa precisamente de la situación de Electricaribe. Hace poco más de diez días, la Contraloría hacía público un informe en el que acusaba a Gas Natural de haber desviado a las cuentas de Electricaribe cerca de 60 millones de euros procedentes de fondos públicos destinados a subvencionar el recibo eléctrico de consumidores en situación de vulnerabilidad.
Otro de los rumores apuntaba a la posibilidad de que Gas Natural retomara el control de Electricaribe, contra el criterio de Mendoza, lo que habría motivado su renuncia. El dirigente aseguró no tener noticias sobre un posible retorno de la empresa española, que no está dispuesta, por otra parte, a recuperar su filial sin que el Gobierno local le garantice un cambio normativo que le permita luchar contra los problemas de morosidad y fraude, que fueron los que provocaron un agujero que el grupo español cuantifica en cerca de 1.300 millones de euros.
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