El 8 de marzo, el BOE publicaba la licitación puesta en marcha por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para encargar un estudio sobre cómo percibe la opinión pública la labor del supervisor nuclear. Ha pasado casi un mes y el presidente del organismo, Fernando Marti, se ha visto obligado a dar marcha atrás en el proceso de contratación de este informe, que había provocado las críticas de varios colectivos integrados en el Comité Asesor del propio CSN que impulsó esta iniciativa el año pasado.
Oficialmente, en el acta del pleno del 26 de marzo, hecha pública ayer, el presidente aduce “un error material padecido (sic) en el proceso de la publicación del anuncio de licitación para la contratación del estudio” y se compromete a “subsanar dicho error y concluir el proceso en la forma aprobada en la citada reunión del Pleno”.
Esta versión oficial no la comparten varias fuentes consultadas en el seno del Comité Asesor, un grupo de trabajo que aglutina a representantes de muchas áreas de actividad social, económica y administrativa, desde las CCAA a los ministerios competentes en lo nuclear (Interior, Sanidad, Industria…) pasando por ecologistas, sindicatos, expertos independientes y miembros del propio CSN. Se reúnen dos veces al año para hacer propuestas al pleno del supervisor nuclear para que posteriormente formen parte de su funcionamiento.
Esas fuentes han compartido con Vozpópuli su análisis de lo ocurrido. A la cabeza está Ecologistas en Acción, que considera que "el pliego de condiciones para el estudio de la reputación del CSN produciría un estudio sesgado que falsearía los datos de la verdadera opinión del público sobre el organismo, con lo que no serviría para averiguar las carencias de comunicación de la institución".
Algunos colectivos critican que el pliego de condiciones y la muestra a la que se dirige el estudio buscan intencionadamente la opinión favorable a las políticas del CSN
Tanto la organización ecologista como las otras fuentes consultadas dentro del Comité coinciden en señalar que la contratación del estudio está pensada para "lavar la imagen del CSN e inducir una opinión positiva hacia su labor".
"No es que el CSN tenga mala fama, ni mucho menos, sólo que sus nuevos dirigentes quieren convertir una recomendación del Comité Asesor en una especie de baño de multitudes, de confirmación de su gestión, en un momento en el que se abren nuevas polémicas como la reapertura de la central de Garoña", afirma una de las fuentes, que no es precisamente ecologista.
El pliego que había propuesto el CSN planteaba realizar una encuesta en la que dos tercios de la muestra de la población a la que se dirigía pertenecía a "entornos próximos a centrales nucleares, con lo que el resultado ya saldrá sesgado en sentido positivo", señala Ecologistas en Acción, dado que los ciudadanos de municipios Amac (ubicados en el entorno de centrales) suelen estar contentos con el desarrollo de este negocio, que trae buenos sueldos y altas aportaciones por parte de las eléctricas para compensar el posible riesgo de fuga radioactiva o catástrofe nuclear.
Dos tercios de los encuestados serían ciudadanos de municipios cercanos a las centrales, tradicionalmente favorables a las plantas nucleares porque acarrean bienestar económico a la zona
Algunos colectivos habían pedido al CSN que la muestra se extendiera a toda la población española, para que el estudio recoja realmente lo que opina al ciudadanía en general. "Pedimos que se refleje la opinión de la mayoría de la población y no sólo la de la más afín", recuerda Ecologistas.
El método de investigación que proponía el pliego buscaba la opinión de dos grupos de interés que elegiría el CSN, pero los críticos con este planteamiento (gran parte del Comité Asesor) habían pedido que fueran "varios, pero no sólo dos, los grupos de opinión más relevantes, que no han de ser elegidos por el CSN sino por la empresa adjudicataria de la licitación".
El BOE ofrecía 33.000 euros al licitante adjudicatario del servicio, una cantidad que fue considerada insuficiente para la labor que iba a ser encargada.
"Se trata, por tanto, de un pliego de condiciones nada profesional y encaminado a obtener una respuesta a la medida de lo que el CSN desea en lugar de intentar conocer, de verdad, el estado de opinión respecto a esta institución y poder tomar así medidas para poder corregir los defectos de comunicación y transparencia de los que el CSN adolece", concluye Ecologistas en Acción, la organización más belicosa con la propuesta de Marti, ahora suspendida.