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La misma juez que encarceló por siete delitos a la cúpula de Vitaldent archivó hace un mes el caso

Fachada de una clínica Vitaldent.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda, María Isabel Serrano, envió el pasado miércoles a la cúpula de Vitaldent a prisión de forma incondicional. La instructora del caso Topolino decretó prisión sin fianza para el propietario de la compañía, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolomé Conte y sus colaboradores Nicolás Sisinni y Javier Arteaga en un duro auto donde los acusó de defraudar más de 17 millones de euros al año a la Agencia Tributaria a través de los pagos en B que obtenían de las denominadas clínicas propias, es decir, aquellas cuya gestión dependen de la propia marca a diferencia de las franquicias. 

Además, la juez acusó a todos ellos de una amplia batería de delitos por haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Hacienda Estatal: delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal.

La juez archivó el pasado mes de enero el caso al entender que no se había cometido fraude fiscal por parte de la cúpula de Vitaldent tras recibir el dictamen de un perito de la Agencia Tributaria

Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de la investigación, esta misma juez archivó el pasado mes de enero el caso al entender que no se había cometido fraude fiscal por parte de la cúpula de Vitaldent. La decisión de María Isabel Serrano vino precedida del dictamen que elaboró un perito de la Agencia Tributaria de la Delegación de Madrid donde éste aseguraba que no se podía cuantificar el delito contra la Hacienda Pública cometido por el empresario uruguayo Ernesto Colman. Al recibir este informe de la Agencia Tributaria, la instructora del caso Topolino decidió archivar la investigación que estaba llevando en secreto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción recurrió el archivo

Días después de que la magistrada decretase el archivo de las actuaciones el Ministerio Público recurrió su decisión alegando que no sólo se trataba de delitos fiscales los tipos investigados en torno a la gestión de las clínicas Vitaldent. Los fiscales añadieron que no se trataba de cuantificar tan sólo el delito contra la Hacienda Pública cometido presuntamente por Colman sino el fraude fiscal llevado a cabo a través de las sociedades pantallas que aparecen en el sumario. Además, Anticorrupción aportó a la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que tiene la Fiscalía donde los peritos sí que apreciaban en este caso que el empresario Ernesto Colman y sus más estrechos colaboradores habían dejado de declarar a Hacienda cuantías superiores a los 120.000 euros.

La Fiscalía aportó un informe elaborado por sus expertos de Hacienda donde señaló que sí había indicios de que los responsables de Vitaldent habían cometido varios delitos fiscales 

Según explican fuentes del caso a este periódico, la juez estimó entonces el recurso de reforma interpuesto por los fiscales y reabrió el procedimiento judicial. Sin embargo, el hecho de que en enero la instructora de la localidad madrileña archivara el mismo fue uno de los principales argumentos utilizados el pasado miércoles por las defensas en sus declaraciones en el Juzgado de Majadahonda. Los abogados de los responsables de Vitaldent protestaron ante dicha incongruencia.

En el auto de prisión, la magistrada María Isabel Serrano subrayó que "de la investigación llevada a cabo por este juzgado se desprende indicios bastantes de la existencia de un grupo de personas que de manera organizada como  propietarios y/o responsables de las clínicas Vitaldent, y a través del sistema de franquicias que operan con centenares de clínicas repartidas por toda España, habrían diseñado y estarían participando en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes y la propia Hacienda Estatal, generando de este modo cantidades ingentes de dinero opaco a la Administración Pública, cuyo destino final trataría de desvincularse de su origen mediante operaciones ficticias y la utilización e interposición de numerosas entidades instrumentales radicadas en Suiza, Luxemburgo, España u Holanda". Contra dicha resolución cabe interponer recurso.

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