El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados quiere investigar el fraude a las subvenciones públicas para residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla realizado por Air Europa desde por lo menos 2010, tal y como ha reconocido su presidenteJuan José Hidalgo aceptando pagar una multa de 30 millones de euros ante la Audiencia Nacional.

En una pregunta parlamentaria registrada la pasada semana por el diputado grancanario Saúl Ramírez, y a la que ha tenido acceso este diario, se cuestiona al Ministerio de Fomento (responsable de Aviación Civil) sobre las prácticas de fraude que durante años han inflado los precios de los viajes de residentes de cara a la administración pública, suponiendo un trasvase directo del dinero del contribuyente a través de los PGE a los bolsillos del grupo Globalia. Aproximadamente todas las subvenciones son unos 60 millones de euros por año, disponibles para todos los residentes canarios, baleares y de las ciudades autónomas.

La pregunta es la siguiente: "¿Por qué el Ministerio de Fomento, que tiene conocimiento desde el año
2007 por denuncia formulada por la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha permitido pagos irregulares, de millones de euros, a Globalia-AirEuropa, como colaboradores en la subvención al transporte aéreo de residentes de Canarias y Baleares, con procedimiento administrativo de reintegro en ese Ministerio, sin publicidad del mismo, y omitiendo la existencia de procedimiento paralelo en la
jurisdicción penal, como son las Diligencias Previas 6/2014 ante Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional?".

El juez Velasco ha rechazado escuchar el testimonio de la organización que denunció el caso

Desde CEAV se asegura que las primeras denuncias ante Aviación Civil, la organización competente, se produjeron en 2007 sin que fueran tenidas en cuenta. Cuando CEAV consideró pasar al terreno judicial y presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional en 2014, Velasco exigió una fianza muy alta para personarse como acusación particular (100.000 euros, cuando a UPyD se le solicitaron 20.000 en el caso Bankia) y posteriormente ha rechazado escuchar el testimonio del representante de CEAV, Rafael Gallego, un buen conocedor del caso por ser el primero que lo denunció hace casi 10 años.

Un caso gestionado con polémica

Ramírez deja claro su respeto a las decisiones judiciales y a la división de poderes. Pero no está de acuerdo con el argumento de Velasco de que es imposible determinar si fue Pepe Hidalgo, Richard Clark o Ramiro Campos quienes idearon el fraude. "Estamos pensando en preguntar sobre esta desimputación a la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Como representante de los ciudadanos pienso pedir explicaciones, para saber por qué se sigue trabajando con una compañía que ha reconocido un fraude".

Este periódico se ha puesto en contacto con Fomento para saber si podría haber alguna medida contra Air Europa. La respuesta ha sido que "las subvenciones se otorgan a los ciudadanos residentes y no a las aerolíneas, por ello no se pueden quitar a nadie".

"Si me pagan un billete a 90 euros y la compañía declara que costó 300, ahí está el fraude"

Sin embargo, el diputado madrileño residente en Canarias considera que "la respuesta técnicamente es correcta, pero el ciudadano en realidad no tiene libertad para poder elegir compañía porque las únicas que vuelan a Canarias son Iberia Express y Air Europa. La subvención se da a los ciudadanos pero por una cuantía de billete, y lo que ha certificado la AN es que la cuantía de ese billete es mayor que la que estaba declarando".

De este modo, asegura, el ciudadano ha estado volando sin saberlo en vuelos por los que Air Europa defraudaba a la administración: "Si me pagan un billete a 90 euros y la compañía declara que costó 300, ahí está el fraude"

Este caso contra uno de los principales empresarios turísticos de España ha sido llevado en secreto por parte de la Audiencia, supuestamente debido al carácter estratégico de la actividad turística y a la importancia de la compañía en el tejido turístico español. Velasco ha sido en ocasiones blanco de suspicacias por su pasado político, como director general de Justicia nombrado por Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana. Desde entonces, la independencia del juez Velasco se ha puesto en duda por algunos círculos en alguna ocasión.