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Cabify gana la última escaramuza de la guerra 'nueva-vieja economía' en los tribunales

"La batalla entre lo viejo y lo nuevo es total. Igual que la evolución acabó con el noble arte de los herreros, las siguientes revoluciones también acabarán con actividades económicas consolidadas". Las economías tradicionales (reguladas, de concesión pública, donde la tecnología ocupa un papel secundario, con barreras de entrada y de salida...) han iniciado en los últimos 12 meses una batalla legal contra los nuevos agentes que, formados en su mayoría por empresas que no llegan ni a los 10 años de vida, han entrado de forma disruptiva en un negocio que no había sufrido cambios durante mucho tiempo. El sector del transporte es por el momento el que más jurisprudencia está generando, con los enfrentamientos entre Uber y los taxis, entre Blablacar y las empresas de autobuses y el último caso de Cabify y los taxis regulados.

Cada uno de estos casos está siguiendo por el momento derivas diferentes pero hay una cosa en la que divergen de forma notoria: mientras que a Uber se le solicitaron medidas cautelares en diciembre de 2014 y tuvo que parar súbitamente su actividad para no infringir la ley, a Cabify (una aplicación para uso de coches particulares pero en este caso con licencia VTC) no se le han aplicado. Tampoco parece que se vaya a hacer con Blablacar, según adelantaba 'El Español' aunque la propia compañía aún no tiene noticias de que esto sea así.

Los jueces de Blablacar y Cabify han rechazado aplicar cautelares porque ambas empresas llevan años operando sin ser denunciadas

En ambos casos, el argumento para no suspender la actividad de ambos ha sido la inexistencia de "peligro por mora procesal", cuando los demandantes aseguran estar perdiendo dinero por una situación anticompetitiva y piden amparo a la justicia. Ni en los casos de Blablacar ni de Cabify el juez ha visto este peligro, argumentando en ambos casos que son servicios que llevan varios años funcionando (Cabify desde 2011, Blablacar desde 2008) sin que los demandantes apreciaran peligro hasta ahora. Este argumento jurídico podría tener, no obstante su contrapunto. Aunque las federaciones de bus y taxi han tardado años en armar sus demandas jurídicas contra sus competidoras digitales, no es menos cierto que es ahora cuando las compañías están alcanzando una masa crítica de clientes considerable que las convierte en alternativa. Además, en el caso de Cabify la defensa de los taxistas "no basa sus reclamaciones en una mayor o menor amenaza. No es una cuestión de mayor o menor riesgo", aseguran desde el bufete que ha defendido a la tecnológica, el especializado en nueva economía Osborne Clarke.

Licencias VTC

Otro de los argumentos para pedir la no aplicación de cautelares es que Cabify se encuentra en un plano diferente al de una mera empresa de transporte o de economía colaborativa, algo que descartan que sea: "Cabify no realiza competencia desleal a los taxis", dicen. De hecho, la supuesta empresa de capital español "está registrada como agencia de viaje, pues opinan estos abodaos que la empresa actúa como un intermediador entre las licencias VTC y los clientes/usuarios: "La agencia de viajes no es sólo compla y venta de paquetes turísticos, también es un intermediador de transporte y de hecho es el único que o puede hacer, por ello Cabify tuvo que constituirse como agencia".

Su espacio son las citadas licencias VTC, que permiten un transporte privado de pasajeros que debe ser siempre bajo petición (nunca puede por ejemplo pararse por la calle a un coche con licencia VTC) y que se otorgan con cuentagotas por las comunidades autónomas. Aseguran los abogados de Osborne Clarke que "taxi y VTC son un mercado complejo con realidades económicas complejas pero con modelos de negocio diferentes que enriquecen las opciones de transporte que tiene el consumidor. El taxi está muy regulado y las VTC también, y es muy fácil ver los requisitos que tienen cada uno y si los cumplen". En su primera y accidentada incursión en España en 2014, la intención de Uber era, por ejemplo, que sus conductores funcionaran sin pagar licencia VTC, alegando que si tenían que adquirir una de éstas el negocio no les funcionaría y no ganarían dinero.

Estas licencias tienen un precio más barato que el del taxi, y también son objeto de epeculación y de alzas de precios.

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