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Bankia gana un juicio contra Fernández Tapias de 700.000 euros más costas

Fernando Fernández Tapias y Nuria González.

Victoria pequeña pero significativa para Bankia. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que este martes celebra junta de accionistas, ha ganado uno de los juicios que tenía pendientes por su salida a bolsa, frente al empresario Fernando Fernández Tapias.

Un juzgado madrileño –el número 84- ha decretado en primera instancia que Bankia no tendrá que devolver al afamado empresario 705.999 euros, más intereses legales y costas, lo que podría elevar la factura a los 900.000 euros o el millón.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Fernández Tapias ha fracasado en su intento de recuperar el dinero de la salida a bolsa por presentar la demanda a destiempo:

"Siendo que la demanda interpuesta se sitúa en la fecha de 15 de septiembre de 2016, la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento, se encuentra caducada desde el 25 de mayo de 2016, debiendo desestimarse dicha pretensión", expone la sentencia.

Plan B fallido

En su demanda, Fernández Tapias exponía un plan B en caso de que hubiera caducado su reclamación, que también fue rechazado por el juez a finales de febrero.

"No puede pretender la actora para el supuesto de que dicha acción sea desestimada o se encuentre caducada como es el caso, ejercitar una acción con carácter subsidiario y distinta de la primera pero fundamentada en los mismos argumentos", añade la jueza Yasmina Carrera.

La sentencia critica que Fernández Tapias hiciera una demanda con argumentos repetidos como un "cajón desastre"

La demanda abría incluso la puerta a un plan C, de indemnización por daños y perjuicios, también denegada por la jueza, criticando que la acusación fuera "una suerte de cajón de sastre de unos mismos argumentos para cualquier tipo de institución".

Fernández Tapias se ha quedado así sin saber si podría haber recuperado su dinero como los particulares que acudieron a la salida a bolsa. O, por el contrario, si la jueza le hubiera considerado un inversor institucional sin derecho a recuperar su capital, como ocurrió con Iberdrola.

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