Los bancos del Castor ultiman ir a los tribunales ante la pasividad del Gobierno

La polémica por el almacén de gas Castor no cesa. Santander, Caixabank y Bankia, los bancos afectados por el bloqueo del cobro de la deuda de Escal, la compañía que obtuvo la concesión del almacén de gas y que la devolvió al Estado tras los terremotos generados por su actividad, están preparando ya una demanda para reclamar los derechos.

Los trabajos relacionados con la futura demanda se han acelerado en los últimos días después de que las conversaciones entre la banca y el Gobierno para tratar de negociar una salida consensuada a esta situación no hayan experimentado grandes avances. Por mejor decir, ni tampoco pequeños. El clima extendido entre las entidades afectada es que el Ministerio de Energía no contempla otra opción que la de los tribunales, toda vez que es la fórmula que le va a suponer un menor coste (tanto económico como político) a corto plazo.

La actual situación se generó a finales del pasado año, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula la compensación a Escal por la reversión de la concesión de Castor debido a que se llevó a cabo a través de un Real Decreto pese a que la situación, a juicio de los magistrados, no justificaba el empleo de esta medida. El pago de la indemnización se realizó de una sola vez y apenas 35 días después de que se resolviera la concesión, con cargo al sistema gasista, de modo que todos los usuarios pagarían esta indemnización vía recibo.

Mientras, Enagás su subrogó de forma provisional la deuda de Escal y vendió los derechos de cobro a las tres entidades mencionadas, que son las que perciben los algo más de 80 millones de euros que suponen la factura del Castor.

Olvidarse de pagar, por ahora

La decisión del Constitucional deja en suspenso el derecho de cobro de la banca, que cuenta con un año para reclamar. Periodo que ni mucho menos va a agotar. Eso sí, desde el primer momento las entidades tienen presente el mensaje que les ha hecho llegar el ministro de Energía, Álvaro Nadal: este asunto se resolverá en los tribunales. Una teoría que ha deslizado en público siempre que se ha presentado la ocasión.

La otra posibilidad es que los bancos recuperen sus derechos de cobro por vía legislativa, es decir, a través de una nueva norma. Algo a lo que el Gobierno no está dispuesto, dado lo impopular de la medida y los problemas que se está encontrando para sacar adelante leyes en la presente legislatura dada la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Partido Popular.

Pero además, la judicialización del caso también supondrá un respiro económico. Mientras se tramita la correspondiente reclamación, el Ejecutivo podrá olvidarse de cualquier contingencia económica relacionada con este asunto, que le estalló de forma inesperada en las manos con la sentencia del Tribunal Constitucional cuando parecía un asunto amortizado por completo y cuando el efecto negativo por el hecho de que los consumidores tuvieran que hacerse cargo de la indemnización había quedado muy debilitado.

El Castor se hace hueco en la Justicia

Queda por determinar si la reclamación que preparan los bancos va dirigida contra el Estado o contra Escal, a la que podrían exigir la devolución de la indemnización para compensar los derechos de cobro. También cabe la posibilidad de que sea Enagás el objeto de la reclamación, aunque parece la opción menos probable.

El proceso que iniciarán en breve los bancos no será el único que tenga entre manos la Justicia en relación con el polémico almacén de gas. Varias plataformas ciudadanas presentaron la pasada semana una querella contra los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, José Manuel Soria y Elena Espinosa, además de contra Florentino Pérez, presidente de ACS (principal accionista de Escal), Recaredo del Potro (ex presidente de Escal), el ex secretario general de Energía Ignasi Nieto y el antiguo consejero de Medioambiente de la Generalitat valenciana Juan Gabriel Cotino.

La demanda, presentada ante la Audiencia Nacional, les acusa de presuntos delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos en el proceso tanto de adjudicación de la concesión del almacén como de la posterior reversión de la misma.