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La Audiencia Nacional ha trabajado con una empresa ligada al chavismo

Depósito y Stockage J.J.

A la exfiscal venezolona Luisa Ortega le aguarda una extraña sorpresa en su prevista visita a España: la Audiencia Nacional ha trabajado con una empresa de Luis Alfredo Campos Cabello, primo de un dirigente chavista señalado de corrupto.

Ortega anunció el pasado mes de agosto que entregaría a los departamentos de justicia de varios países, entre ellos España -a la Audiencia Nacional- documentación que demostraría que el dirigente chavista Diosdado Cabello habría recibido 100 millones de dólares del grupo brasileño Odebrecht. Y que dicha cantidad había sido depositada en una empresa española propiedad de los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello, denominada TSE Arietis.

Este diario no ha podido localizar en los registros consultados ninguna empresa en España con esa denominación. Pero sí ha constatado la existencia al menos de tres empresas administradas por Luis Alfredo Campos Cabello en España. Las tres sociedades están representadas por el mismo despacho madrileño. Este diario se ha puesto en contacto en varias ocasiones en las últimas semanas con el bufete para ampliar esta información, pero no se ha obtenido respuesta.

El Ministerio de Justicia dice que en la actualidad se mantiene una deuda con la empresa de almacenamiento de 285.000 euros

Una de las empresas administradas por Luis Alfredo Campos Cabello es Depósito y Stockage JJ, dedicada al almacenamiento de vehículos y maquinaria, constituida en el año 2011. La compañía explica en sus cuentas de 2014 -las últimas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha podido acceder este diario a través de Insight View- que su viabilidad "depende del cobro de los derechos generados en virtud de su condición de Depositario Judicial de las Diligencias Previas 159/2011, 340/2010 y 89/2012 por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Audiencia Nacional". La empresa indica que la cantidad adeudada es de 5,25 millones de euros, "que hacen que se ponga en grave riesgo su continuidad si el impago persiste en el tiempo".

Solar de la empresa Depósito y Stokage JJ en el que se almacenan vehículos y maquinaria.

Depósito y Stockage JJ cuenta con un solar situado en una carretera de Valdetorres del Jarama (Madrid) en el que se depositan vehículos y maquinaria embargada a empresas cuya actividad ha sido judicializada. La relación entre esta sociedad y la Audiencia Nacional radica en que a través del juzgado de instrucción número 6 se ha contratado a la empresa para almacenar coches o activos de sociedades intervenidas.

Por ejemplo, Depósito y Stockage fue designada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para almacenar "una gran cantidad de vehículos, maquinaria y caballos" incautados a una organización criminal investigada por delitos de blanqueo de capitales y otros, tal y como se publicó en el BOE el 13 de diciembre de 2014.

Desde la Audiencia Nacional se indicó a este diario que la designación de ese tipo de contratos depende del Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia han admitido a Vozpópuli que se mantiene en la actualidad una deuda con Depósito y Stockage de 285.000 euros

Declaración aplazada

La exfiscal venezolana Luisa Ortega huyó de su país hace menos de dos meses tras ser acusada de traición por el Gobierno de Nicolás Maduro. Ortega fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), acusada de haber cometido "actos inmorales", y viajó a Colombia, país que le ofreció asilo, el 18 de agosto. Su esposo, el diputado chavista Germán Ferrar, también tuvo que escapar de Venezuela tras ser acusado de formar parte de una trama de extorsión que operaba desde la Fiscalía.

Luisa Ortega tenía previsto acudir este viernes 13 de octubre a Madrid para declarar en el Senado en la comisión sobre financiación de partidos políticos. Sin embargo, Ortega avisó que no le era posible desplazarse por tener otros compromisos. El PP había justificado la declaración en el Senado de Ortega, y también del presidente de la Comisión Controlatoria de Venezuela, Freddy Guevara, por declaraciones realizadas sobre Podemos y posible financiación procedente del Gobierno chavista.

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