Tiempos conflictivos en el Banco de España. El organismo supervisor del sistema bancario sufre desde la pasada semana uno de sus aireados conflictos internos entre la Asociación de Inspectores (Asibe, o AIBE) y parte de la cúpula organizativa, personificada en este caso en su subgobernador (Fernando Restoy) y dos miembros de la Comisión Ejecutiva (Vicente Salas y Ángel López Roa). A juicio del colectivo de inspectores, que el pasado día 9 pidió a través de un comunicado la dimisión de Restoy, resulta especialmente comprometida las posiciones de dichos altos cargos, especialmente tras la resolución del Tribunal Supremo confirmando que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no aportó información fiable a los inversores.

El colectivo acusó a la cúpula del BdE de emitir un informe "cuestionando las conclusiones periciales y alineándose con las tesis de la entidad y del principal imputado, Rodrigo Rato"

En el comunicado, la asociación de inspectores respaldaba plenamente tanto al Supremo como a los dos peritos judiciales designados por el Banco de España en el caso Bankia (que resolvieron que las cuentas no reflejaban la imagen fiel de la entidad). El colectivo de inspección, después, acusaba a la cúpula del BdE de emitir un informe en marzo de 2015 "cuestionando las conclusiones periciales y alineándose con las tesis de la entidad y del principal imputado, Rodrigo Rato", por lo que concluían que era inasumible la continuidad de los altos cargos responsables de estas decisiones, y que debían renunciar para no dañar más la imagen del supervisor bancario, de la CNMV y del FROB.

Dos días después, era la Comisión Ejecutiva la que, tras una reunión expresa, emitía una respuesta a través de la página del Banco de España tildando de "inaceptables" las descalificaciones que la asociación de inspectores vertía sobre personas e instituciones. En el comunicado, los máximos ejecutivos del Banco de España emplazaban a la AIBE a tratar estos posibles conflictos a través de cauces reglamentarios. El BdE, pese a los crecientes avances en materia de transparencia, es un organismo acostumbrado al secretismo y la confidencialidad; el hecho de que esta crisis haya estallado a través de los medios es solo un episodio más de un conflicto larvado desde hace más de una década.

Fuentes cercanas a la inspección del Banco de España consultadas por Vozpópuli creen que esta última carta de la AIBE es "desproporcionada y un disparo al pie. Son ganas de fastidiar, ya que Restoy aspira a tener un puesto relevante en Frankfurt y eso el colectivo lo sabe". En opinión de estas fuentes, con años de experiencia como inspectores de entidades de crédito, en los últimos años la asociación está actuando en realidad como un sindicato que o bien reclama un estatus para sus asociados homologable a los de Hacienda, o bien defiende los intereses profesionales de un colectivo que ha visto trastocadas sus opciones de futuro con la unión bancaria.

"En los últimos años la asociación está actuando en realidad como un sindicato que reclama por ejemplo un estatus para sus asociados homologable a los de Hacienda"

"Eran una asociación que representaba al mejor colectivo de inspectores del mundo, pero de eso se pasó a una cierta pérdida de reputación debido a la crisis financiera española", añaden estas fuentes, que ven a la AIBE como una organización en la que buena parte de sus mejores profesionales se han marchado al Banco Central Europeo en los últimos dos años. Ante esta circunstancia, "hay una visión sindical de querer que el inspector del Banco de España tenga más poder", en el sentido de que, por ejemplo, las actas de inspección vayan firmadas por los propios inspectores y tenga categoría de documento de autoridad.

"Imprudentes análisis de la realidad"

En abril de 2005, los inspectores comenzaron a remitir cartas al entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, con el fin de alertarle de lo que consideraban una burbuja inmobiliaria a punto de hacer estallar al sector bancario español. Eran además toda una enmienda a la gestión del gobernador saliente, Jaime Caruana, quien en su opinión hacía "imprudentes análisis de la realidad (...). Nosotros, que somos los que examinamos in situ la situación de las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España, conocemos de primera mano el frágil estado en el que se encuentra el mercado inmobiliario en España", señalaban, al tiempo que advertían de las graves repercusiones que aquella burbuja podía tener para el sector financiero español.

La asociación AIBE acusaba a Caruana y su equipo de mirar hacia otro lado mientras la banca y las cajas españolas se llenaban de activos vinculados al ladrillo. También críticas en el sentido de una alta minimización de los riesgos se lanzaron contra su sucesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. E incluso más allá, el colectivo de inspectores se quejó de que las actas de inspección eran maquilladas o suavizadas cuando llegaban al Comité Ejecutivo, de forma que las cifras de ajuste o quebranto eran menores. Tal y como informó el corresponsal de Bloomberg en España, Ben Sills, un informe sobre Caja Madrid de 2010 en el que los inspectores cifraban en unos 5.000 millones de euros las pérdidas latentes en el balance la entidad, fue posteriormente rebajado por los responsables del BdE a unos 2.000 millones de euros. De estas trabas a una inspección independiente se dio buena cuenta al que luego fue ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de que jurara el cargo.

El deterioro de las relaciones cúpula-inspectores ha sido progresivo y ha alcanzado su culmen en esta última legislatura, merced a decisiones que desde el colectivo de inspección ven como desautorizaciones de los mismos, como fue la contratación de Oliver Wyman y Roland Berger para evaluar las necesidades de capital del sector tras la petición del rescate en 2012. O con el informe que rebate a los dos peritos del caso Bankia como ejemplo paradigmático, emergieron las sospechas entre los inspectores de que la vieja guardia no defendía su profesionalidad. La AIBE, por su parte, se mojó respaldando a sus dos asociados presentes en Bankia. Aunque el actual gobernador, Luis María Linde, les ha restituido parte del poder que los inspectores tenían, el colectivo vive un momento de cierta crisis, "con buena parte de los profesionales más séniors en el BCE" y con el debate sobre qué competencias debe asumir el BdE abierto.