Publicado: 15/11/2019 05:15
La salida de Mauricio Macri de la presidencia de Argentina se ha dejado sentir en Madrid y Nueva York. En los tribunales de ambas ciudades están abiertos procedimientos vinculados a la indemnización que el Grupo Petersen, de los banqueros Eskenazi, reclama a Argentina por las acciones que tenía en la petrolera YPF antes de que fuera expropiada a Repsol en 2012. En juego, una reclamación de más de 2.000 millones de euros.
Argentina expropió hace siete años el 51% de las acciones de YPF a Repsol. En compensación, la española recibió bonos valorados en más de 5.000 millones de dólares. Por entonces, Petersen tenía el 25% de las acciones de YPF y asegura que esta expropiación desplomó el valor de sus títulos y llevó a concurso de acreedores a dos de sus sociedades españolas, de ahí que reclame una compensación a las autoridades argentinas, que recientemente han cambiado de signo con la reciente victoria de Alberto Fernández, que hará vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner.
Y aquí está el quid de la cuestión que estos días se preguntan las partes implicadas en el proceso. La nacionalización se produjo bajo el Gobierno de Fernández de Kirchner, pero ha sido el Gobierno de Macri, que ha permanecido en el poder desde 2015 hasta 2019, el que ha tenido que bregar en los tribunales durante los últimos años. Con la vuelta al poder de los hombres de Kirchner, todos los implicados se han puesto en guardia a la espera de ver cómo se va a afrontar el pleito, según apuntan las fuentes del caso consultadas por Vozpópuli.
De Madrid a Nueva York
En Madrid, el asunto está en manos del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. Este tribunal lleva los concursos de las sociedades españolas Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (PEISA), que habían comprado el 25% de YPF entre 2008 y 2011 con un préstamo y unas garantías que saltaron por los aires con la nacionalización. Las sociedades no pudieron hacer frente a sus compromisos financieros y tuvieron que declararse en concurso de acreedores.
Fue entonces cuando el administrador concursal fichó a Burford, el financiador de pleitos más grande del mundo, para reclamar en Estados Unidos una indemnización a Argentina e YPF por los daños causados. Petersen considera que si Repsol fue indemnizada por la expropiación, sus sociedades también deberían haber recibido algún tipo de compensación.
La demanda está en el Distrito Sur de Nueva York y, aunque el país latinoaméricano y la petrolera han intentado sacarla de allí alegando falta de competencia, la justicia norteamericana ha declarado que es competente para conocer el caso dado que YPF cotiza en la bolsa americana y en virtud de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés).
Tras la convocatoria de elecciones, la jueza norteamericana que lleva el caso, Loretta Preska, paralizó el procedimiento hasta conocer el resultado de unos comicios que han dado una ajustada victoria al peronismo.
De forma paralela, Argentina e YPF presentaron en Madrid, por ahora sin éxito, dos demandas para bloquear los concursos de PESA y PEISA. En vez de hacerlo ante el Juzgado de lo Mercantil número 3, ambas partes optaron por los juzgados de primera instancia, que han echado un jarro de agua fría a su planes tras remitir el proceso al Mercantil número 3.
Según apuntó El Confidencial, esta decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Si finalmente prospera el plan de Argentina e YPF, la reclamación quedaría totalmente descabezada.
Pesos pesados de la abogacía
Las cifras de vértigo que se manejan en este pleito (alrededor de 6.000 millones contando los intereses, según las fuentes consultadas) llevan detrás el sello de importantes despachos de abogados en ambos países.
En España, Garrigues asesora a Petersen, Allen & Overy está con Burford, Uría Menéndez lleva a Repsol y el decano José María Alonso asesora a Argentina e YPF junto a Fernando Bautista, exsocio de Freshfields. En Estados Unidos, King & Spalding lleva el proceso.
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