Publicado: 02/02/2018 05:15
Primer choque en un proceso judicial que no ha hecho más que empezar. Ángel Ron y otros exconsejeros se han opuesto vía recurso a la decisión del juez Fernando Andreu de filtrar las actas del consejo de Banco Popular, como adelantó este medio.
Frente a ellos tienen al propio banco, ahora filial de Banco Santander, que fue quien solicitó esta medida, al fiscal que le apoya, y al juez, que de momento se ha mostrado partidario de esta medida.
Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que el magistrado mantendrá su criterio y el de la Fiscalía y la cuestión tendrá que ser resuelta por la Sala de la Audiencia Nacional.
A día de hoy, las actas del consejo de administración de 2016 y 2017 van a ser filtradas por los dos inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales. Ellos determinarán qué material es interesante para la causa que analiza una posible estafa en la ampliación de capital del Popular de 2016 o una manipulación de mercado por parte de Emilio Saracho, tras tomar el control en marzo de 2017.
Tres actas en el foco
Ron y el resto de consejeros que recurren, entre los que está el exsecretario Francisco Aparicio, argumentan que toda prueba es poca para defenderse. Y que el filtro subjetivo de los peritos puede privarles de pruebas clave para el caso.
De hecho, Ron y el resto de consejeros que salieron en febrero-marzo de 2017 quieren contar con todas las actas de su sucesor, Saracho. En especial algunas con puntos polémicos que podrían alimentar su teoría de que el exdirectivo de JPMorgan tomó decisiones contraproducentes para el banco, que serían las que llevaron a Popular al abismo, y no la gestión previa.
El juez dio la razón al fiscal y a Popular-Santander al entender que la revelación de las actas pueden suponer un perjuicio comercial para la entidad
En especial, hay interés en que se conozcan las actas del consejo del 2 de abril de 2017, celebrado en la sede de Uría. En esta reunión se decidió la reexpresión de cuentas que supuso el primer golpe de confianza para el banco.
Los investigados también quieren conocer las actas del 23 de abril, cuando se eligió a JPMorgan y Lazard como asesores para la venta exprés del banco. Y, por supuesto, la del 6 de junio en la que se decidió tirar la toalla y ‘entregar las llaves’ al BCE.
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