Publicado: 10/10/2014 04:00
A falta de poco más de dos semanas para que termine el plazo para presentar ofertas por el contrato de construcción del almacén temporal centralizado (ATC), el denominado cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), tres grupos se perfilan como los claros favoritos para llevarse el jugoso pastel. El contrato asciende a 263,5 millones de euros, y en épocas de vacas flacas para las constructoras en España, ninguna de las grandes se lo quiere perder.
La batalla ha comenzado. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, se ha aliado con su homónimo en Acciona, José Manuel Entrecanales, a través de una ute (unión temporal de empresas), según señalan fuentes empresariales a Vozpópuli. La misma fórmula han utilizado Ferrovial, presidida por Rafael del Pino, y Dragados, filial de ACS que encabeza Florentino Pérez, a las que se suma, además, Sarrión, una constructora mediana de Cuenca.
El tercer aspirante con opciones reales para hacerse con el millonario contrato es FCC, a la que podría sumarse Vías y Construcciones, otra filial de ACS, de acuerdo con las mismas fuentes. De esta forma, el grupo que lidera el también presidente del Real Madrid pujaría por un mismo contrato desde dos frentes, una práctica habitual de Pérez.
El Grupo San José también estaría interesado en pujar por la construcción del ATC y estaría tratando de asociarse con alguna otra firma, aunque distintas fuentes del mercado la descartan como una alternativa viable. No se descarta que haya otros ofertantes.
El contrato supondrá una balsa de aire para las constructoras adjudicatarias, después del fuerte deterioro que ha sufrido el negocio doméstico en la crisis
La obra, que supone el mayor contrato público en España en 2014, es un objetivo prioritario para las grandes constructoras españolas, cuyo negocio doméstico se ha visto tan dañado por la crisis. FCC es sin duda la más necesitada y entre sus competidoras se teme que las dificultades que atraviesa la constructora que preside Alicia Alcocer Koplowitz incline la balanza de su lado.
La situación de la compañía es muy delicada, sobre todo después de que, como adelantó ayer Vozpópuli, BBVA y Bankia hayan roto las negociaciones con Esther Koplowitz para refinanciar la deuda de 1.100 millones que acumula a través de B1998, principal accionista de FCC. El mercado da por seguro que las relaciones volverán a su curso. "Si no FCC estará en quiebra ténica", asegura un analista. "El Gobierno no se puede permitir que caiga una empresa como FCC, así que le ayudará en todo lo que pueda", afirman desde una de las constructoras rivales.
El contrato en cuestión, que salió a licitación el pasado 4 de septiembre, es el referido a la "Obra Civil Principal de las instalaciones nucleares de las Fases 0, 1 y 2 de la Instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y aquellas instalaciones requeridas, situadas dentro de la denominada "área controlada" (doble vallado) excepto el edificio de oficinas".
Enresa incentivará la puntación de las ofertas que agilicen la finalización del proyecto
Con 263,5 millones, se trata del mayor contrato dentro del proyecto del ATC, cuyo presupuesto supera ya los 900 millones de euros. La construcción comenzará, según fuentes de Enresa, durante el primer trimestre de 2015 y la adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de 58 meses, una vez obtenga las licencias del Ministerio de Industria y del Ayuntamiento de Villar de Cañas. Asimismo, aún tiene pendiente la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la declaración de impacto ambiental positiva del Ministerio de Medio Ambiente para el emplazamiento escogido en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Desde el pasado mes de agosto, Enresa ha acelerado el ritmo de licitaciones del ATC, ante el riesgo de retrasar los plazos programado, lo que podría provocar una penalización para el Estado de 70.000 euros diarios si no regresan a tiempo los residuos españoles que actualmente custodia la francesa Areva. De hecho, en el pliego de condiciones del contrato, Enresa, que en las últimas semanas ha prescindido de varis altos cargos, prevé incentivar la puntuación de las ofertas que agilicen la finalización del proyecto.
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