La crisis económica que ha provocado el coronavirus ha impactado duramente en el mercado laboral, pero mientras el sector privado ha destruido más de 650.000 empleos en el último año, el sector público ha hecho unas 150.000 contrataciones desde marzo de 2020, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre publicada este jueves por el INE.

Esto supone que por cada cuatro puestos de trabajo que se han destruido en el tejido empresarial, las Administraciones Públicas han firmado un contrato nuevo. El resultado es que el número de asalariados del sector público asciende a 3,39 millones (149.400 más que a cierre de marzo de 2020), mientras que los asalariados del sector privado son 12,7 millones (605.400 menos).

A estos 600.000 que han perdido su empleo en el año de la pandemia hay que sumar a los 71.000 que han dejado de trabajar siendo autónomos, empleadores, empresarios sin asalariados o miembros de cooperativas, según esta encuesta.

Los datos del INE son menos fiables que los de la afiliación que publica mensualmente el Ministerio de Seguridad Social y que informan de los trabajadores que están dados de alta mes a mes. Aún así, la comparativa entre el comportamiento del sector público y el privado es muy similar en ambas fuentes de información.

Los contratos para sanidad y educación representan un 40% del total del nuevo empleo público

Según las estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de afiliados medios en la Administración a cierre de marzo de 2021 ascendió a 2,76 millones, a los que hay que sumar 1,4 millones que no son afiliados sino mutualistas (984.867 de MUFACE, 360.050 titulares de ISFAS y 58.253 titulares de MUGEJU). En total, el número de empleados públicos en España superaría los cuatro millones.

La pandemia ha puesto contra las cuerdas al tejido empresarial español, que se ha visto obligado a recortar gastos y plantilla ante la caída de los beneficios. Aún así, el recorte de empleo ha sido muy inferior del que podría haber tenido lugar si no hubieran existido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según han admitido instituciones como el Banco de España.

El sector público, por el contrario, ha reforzado sus plantillas, pero del total de nuevas contrataciones sólo 71.344 personas se han incorporado a las actividades sanitarias (que necesitaban un refuerzo por la pandemia), 1.185 han ido a reforzar la asistencia en establecimientos residenciales y 453 a servicios sociales sin alojamiento.

Por su parte, la educación (que también ha necesitado más plantilla ante las necesidades de la formación online) se ha reforzado con un total de 53.324 contrataciones. Esto implica que las nuevas contrataciones en sanidad y educación suponen un 40% del total de nuevas incorporaciones al sector público.

Se disparan los contratos temporales en el sector público

La mayor parte de contratos que ha hecho el sector público en este último año han sido temporales: 140.900 frente a los 8.600 contratos indefinidos realizados desde cierre de marzo de 2020; con lo que a día de hoy 1,03 millones de personas trabajan para la Administración Pública con contrato temporal -récord histórico- y 2,36 con contrato indefinido.

Los contratos temporales han crecido un 15,8% en el año de la pandemia, frente al aumento del 0,36% que han experimentado los contratos indefinidos.

"No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica", ha denunciado este jueves CSIF, el sindicato mayoritario de empleados públicos.

Este sindicato reclama al Gobierno una propuesta legislativa que aporte seguridad jurídica y sancione la contratación fraudulenta; que elimine la tasa de reposición y un incremento urgente de las plantillas con empleo estable. "Se necesitan 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años y 289.235 plazas específicas para la Sanidad", piden.