La economía española no genera empleo. Hay más de 1,2 millones de puestos suspendidos entre asalariados y autónomos (ERTES y cese de actividad) y son los jóvenes los que tienen más dificultad en incorporarse al mercado laboral pese a la precariedad existente y la devaluación salarial. Según los datos de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, el paro se ha cebado entre los menores de 25 años. Ha crecido en el último año un 40,14% frente al 23% del alza del desempleo total en España.

La pandemia está pasando una dura factura a las generaciones que se supone las más y mejor formadas aunque el modelo de crecimiento basado en los servicios no necesite su sobrecualificación. En este primer año de la propagación, con tres olas ininterrumpidas hasta ahora de contagio, el virus se ha pulido además el 14% del empleo que tenía esta cohorte de edad en febrero de 2020. Todo esto supone que la Seguridad Social ha perdido 145.000 afiliados jóvenes y que hay 105.000 parados más que hace un año.

Todo ello está haciendo que la nueva generación de Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados (JASP) del siglo XXI se esté convirtiendo en la de Jóvenes Aunque Sobradamente Parados, sin que se atisbe de momento cambio alguno que le pueda garantizar un futuro y posibilidades de independencia económica.

Aquella primera generación JASP se popularizó a finales de los años noventa gracias a un anuncio televisivo. Estaba formada por jóvenes con título universitario e idiomas, tenía serias dificultades en encontrar empleo y, cuando lo conseguía, era con sueldos bajos (mileuristas en aquel momento) o por debajo de su cualificación.

Sin embargo, la situación de la nueva generación JASP es mucho peor ya que tiene: más dificultad en entrar en el mercado laboral; menos salidas profesionales a pesar de acumular masters; mayor precariedad laboral; salarios inferiores (casi nadie llega a ser mileruista en caso de encontrar trabajo); y un futuro más incierto. Y basan su presente en muchos casos en que la crisis laboral y económica afecte lo menos posible a sus padres que son los que soportan y sufragan esta falta de expectativas.

De los cuatro millones de parados que hay otra vez en España, exactamente 366.403 tienen menos de 25 años. Representan el 9,1%, es decir, prácticamente uno de la cada 10 desempleados es un joven que no puede encontrar un nuevo empleo habiéndolo tenido antes, incluso en las peores condiciones laborales, o que ni siquiera tiene acceso a su primer puesto laboral. El 90% de este colectivo (más de 350.000) no ha trabajado nunca y sus posibilidades son ahora más exiguas.

El 90% de este colectivo (más de 350.000) no ha trabajado nunca y sus posibilidades son ahora más exiguas"

Desde hace seis años (2015) no se registraba una cifra alrededor del 9%. En los años de la doble recesión económica (2011 y 2012) superó el 10%, pero en aquel momento el paro registrado total superaba con creces los cuatro millones. El desempleo de los jóvenes representaba el 8% del total hace un año y en términos absolutos llegaba a 261.448 personas. Por tanto, ha aumentado de golpe en 104.955 cuando en febrero de 2020 bajaba en 7.000 respecto al año precedente.

Todo esto supone que uno de cada siete nuevos parados durante la pandemia se encuentra en este tramo de edad. Se trata de un incremento desconocido desde 2009 en la primera recesión. Que la situación es grave se observa en otro dato: el paro de jóvenes extranjeros (sobre todo extracomunitarios) ha crecido un 62% en este primer año de pandemia y se sitúa en los 45.000. Lo que demuestra que ahora mismo, en plena tercera ola, no hay empleo para nadie, ni siquiera para los que aceptan cualquier oferta por precaria que sea.

En estas cifras no constan todos los que realmente están parados entre 16 y 25 años. Muchos de ellos no se inscriben en las oficinas de empleo públicas porque no tienen derecho a prestación alguna y saben que no van a encontrar empleo a través de estos servicios. Además, la estadística excluye como parados a los demandantes de primer empleo que estén cursando estudios de enseñanza oficial, pero sí contabiliza como afiliados a los estudiantes que trabajen por primera vez aunque el contrato sea esporádico (en la hostelería, por ejemplo).

Paro juvenil por comunidades

Por comunidades autónomas, Andalucía tienen casi 99.000 jóvenes sin empleo en España. Es decir, uno de cada cuatro menores de 25 años en paro vive en esta región. Le sigue la Comunidad Valencia con 43.398; Cataluña, con 41.879; Madrid, con 39.748; y Canarias, con 23.816. En términos relativos, Baleares tiene en paro el 12,4% de sus jóvenes mientras que Navarra tiene al 12,1%; Aragón, el 11,6%; Murcia el 11%; y Andalucía el 10%. Por su parte, la tasa más baja de estos desempleados la tiene Galicia (4,6%); Asturias (8%); y Cataluña (8,2%), región en la que han proliferado en los últimos días una serie de manifestaciones de estos colectivos con reivindicaciones que nada tienen que ver con su situación laboral o económica.

Que no hay trabajo en España, y menos aún para los jóvenes lo demuestra también la estadística de las contrataciones. De los 1,2 millones de contratos totales que se realizaron en febrero (casi 400.000 menos que hace un año), sólo 190.741 se formularon para menores de 25 años (15,7% de la contratación total). Esta cifra es un 10% inferior a los contratos del mes anterior (20.273 menos) y también un 33% más baja (91.318 menos) de la que se registraba en el mismo mes de 2020. La precariedad aumentó ya que sólo el 7,9% de estos contratos fueron indefinidos (la mayoría a tiempo parcial) con un descenso del 35% respecto al mismo mes de hace un año antes de la pandemia. También cayó un 32% anual la contratación temporal (83.000 contratos menos).

La pandemia está pasando una dura factura a las generaciones más y mejor formadas aunque el modelo de crecimiento basado en los servicios no necesite su sobrecualificación

Por su parte, la Seguridad Social perdió en este mes a 145.712 afiliados menores de 25 años, que representan nada menos que el 36,4% del total de cotizantes que se han volatilizado en el último año (400.117). No se trata de cantidades elevadas para la recaudación por la baja calidad contributiva al sistema de pensiones por parte de esta cohorte, pero genera muchas dudas sobre el futuro del sistema público y también sobre los ingresos impositivos.

En febrero de 2020 había 1.046.551 cotizantes jóvenes y ahora sólo quedan 900.839 (-14,1%). Y, seguramente, si en algún momento consiguen incorporarse al mercado laboral, lo harán con sueldos más bajos y en peores condiciones laborales, y por tanto, sus aportaciones serán aún más escasas y su contribución será menor. De los que quedan, 774.500 están en el Régimen General (el resto trabaja en el campo, hogares o son autónomos), el que más ingresos aporta al sistema, cuando hace un año había 929.159, es decir hay casi un 17% de cotizantes menos (casi 155.000).

Por tipo de contrato, la crisis está haciendo estragos: hay ahora 37.000 afiliados jóvenes menos con contrato indefinido que en febrero de 2020 (de ellos 23.000 tenían trabajo por unas horas) y casi 118.000 menos con contrato temporal. Destaca la caída de 82.000 afiliados eventuales con contrato a tiempo parcial (-29%), es decir, no hay empleo ni en las peores condiciones laborales.