"El sector está muy preocupado”, afirman fuentes de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). La patronal que integra a tres grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola y EDP ha encendido la luz de alarma después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión. O, lo que es lo mismo, la rebaja que prepara el Gobierno para la retribución extra que reciben su producción nuclear e hidroeléctrica.

"Es un riesgo para las centrales nucleares", alertan desde las eléctricas. "Esta decisión castiga y discrimina a plantas de generación energética libres de emisiones, que juegan un papel fundamental en la estabilidad del sistema eléctrico", añaden. Las empresas todavía están a la espera de cómo evoluciona el anteproyecto en la vía parlamentaria y no descartan saltar a la vía judicial si este recorte se mantiene. Un escenario que, según detallaban este martes desde el Ministerio de Transición Energética, ya se contempla.

"La decisión va en contra de las estrategias de transición energética de la Unión Europea, que están basadas en el funcionamiento no distorsionado de los mercados", aclaran desde la asociación que representa a Endesa, Iberdrola y EDP. "Es una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años", añaden desde el sector.

Golpe a las nucleares

El Ministerio de Transición Enegética estima que la medida afectará a unos 85 teravatios-hora (TWh) anualmente, de los que un 67% se corresponden con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos de 5% a generación eólica (datos de 2021).

La medida se plantea por parte del equipo de Teresa Ribera para corregir una situación estructural del mercado eléctrico español derivada de su carácter marginalista, esto es, un mercado en el que todas las tecnologías de generación que se ofrecen reciben la retribución que marca el precio de la última tecnología necesaria para cubrir la demanda, la tecnología marginal.

"En numerosas horas del año el precio marginal, que establece el precio de mercado, lo marcan, directa o indirectamente, los ciclos combinados de gas natural, que repercuten el coste del CO2 que tienen que asumir en el mercado de derechos de emisión, en su oferta", explicaban este martes desde el Ministerio.

Esa situación lleva a que la retribución que reciben todas las tecnologías por la energía generada sea más elevada y muy superior a los costes de generación de las tecnologías no emisoras, lo que deriva en precios elevados de la factura eléctrica para los consumidores. La posibilidad de acabar con esta retribución extra ha provocado que Endesa e Iberdrola acumulen dos jornadas consecutivas con caídas en Bolsa.

"Coherente" con las eléctricas

Ante las protestas de las empresas, Teresa Ribera y su equipo defienden que este movimiento es "coherente". La medida esperan que sea un impulso para la descarbonización de la economía por fomentar la electrificación, "por lo que está alineada con los grandes objetivos en materia de energía y clima", añaden.

Al no afectar a las nuevas inversiones que se ejecuten, el mecanismo no interferirá en los ambiciosos objetivos de construcción de nueva generación renovable que España ha asumido para la próxima década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Un plan que siempre han defendido las eléctricas.

"Su impacto será socialmente progresivo: la disminución del precio de la factura eléctrica beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción", concluyen desde el Ministerio de Transición Ecológica.