Publicado: 28/03/2019 05:15
La sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 15 empresas por repartirse contratos adjudicados por Adif está relacionada con las redes ferroviarias convencional y de alta velocidad en España pero, paradójicamente, el origen de la denuncia de Alstom, una de las componentes del cártel, está a miles de kilómetros, concretamente en Noruega. Y además, no fue en el contexto de una licitación pública sino de un consorcio privado. Así se gestó una denuncia que amenaza a empresas como Cobra, Elecnor, Indra y Siemens con no volver a contratar con la Administración Pública.
La situación que desencadenó la denuncia de la compañía francesa está relacionada con un proyecto de ferrocarril de alta velocidad, denominado Follo Line, que desarrolla, entre otros, un consorcio participada por Acciona. Tras adjudicarse el contrato, Acciona decidió licitar los trabajos de electrificación de la línea, para lo que invitó a Elecnor y también a Alstom para que presentaran ofertas.
La instrucción de la denuncia llevada a cabo por la CNMC constata que este proceso provocó un enfrentamiento entre Elecnor y Alstom, que desde hacía más de diez años formaban parte del cártel que habían constituido cerca de dos decenas de empresas del sector para repartirse los contratos de electrificación ferroviaria licitados por Adif.
El origen del enfrentamiento surgió cuando el consorcio de Acciona (del que también forma parte la italiana Ghella) recibió las primeras propuestas de precios y Acciona comunicó a Elecnor que la propuesta de Alstom (que iba en UTE con Indra para la parte de electromecánica) era más competitiva, en concreto, 20 millones de euros más barata.
Acuerdo incumplido
La investigación llevada a cabo por el organismo regulador constata, a través de comunicaciones por correo electrónico obtenidas en los registros en las oficinas de las empresas implicadas, que esta situación generó malestar en Elecnor, que se puso en contacto con Alstom para proponerle un acuerdo que les permitiera repartirse el contrato, al modo de lo que habían estado haciendo en España durante este tiempo.
La documentación recabada por la CNMC recoge incluso que Elecnor defendía la teoría de que esta situación respondía a una estrategia de Acciona para intentar rebajar al máximo los precios. Tras una serie de reuniones, Elecnor y Alstom llegaron a un acuerdo consistente en aquella que se adjudicara finalmente el contrato procedería a subcontratarlo con una UTE participada por las dos e Indra. Y en el caso de que no fuera posible poner en práctica esa fórmula por oposición del contratista, se articularía el reparto a través de un pedido de suministros a la empresa que no lograra el contrato por parte de la ganadora.
Finalmente, el consorcio de Acciona y Ghella adjudicó el contrato a Elecnor por 60 millones de euros. Y del pactado reparto del contrato nunca más se supo. "Alstom e Indra han señalado que no han entrado con posterioridad en ninguna UTE o acuerdo de subcontratación con Elecnor en relación con este proyecto", se especifica en la resolución de la CNMC.
Cómo se repartían los contratos
A resultas de este desenlace, Alstom acudió al regulador, al que pidió acogerse al programa de clemencia para ser eximido del pago de sanciones a cambio de facilitar información sobre prácticas contra la competencia. La denuncia de la empresa gala y la posterior instrucción por parte de la CNMC ha permitido conocer que un grupo de empresas que prestan servicios relacionados con la electrificación y mantenimiento de vías férreas llevaban desde 2002 repartiéndose numerosos contratos licitados por Adif a través de prácticas contra la libre competencia.
La resolución del regulador describe cómo las empresas que constituían el cártel acordaban las ofertas que iban a presentar por los diversos contratos para que, cada vez y por turno (determinado por un sorteo previo), fuera una de ellas la adjudicataria. Este sistema se aplicaba en el caso de los contratos relacionados con la red convencional, cuya cuantía era reducida en relación con los de la red de alta velocidad.
Para éstos, la estrategia consistía en pactar las ofertas, de manera que la ganadora (normalmente, una UTE formada por varias empresas del cártel debido a que estos contratos son más voluminosos, algunos por encima de los 80 millones de euros) procedía posteriormente a subcontratar servicios, para lo que contaba con las UTE que se habían quedado sin el contrato.
En los diversos acuerdos que alcanzaron durante este tiempo, las empresas incluyeron variados criterios para definir qué contrato se quedaba cada una como, por ejemplo, la conveniencia geográfica en función de otros contratos que ya tuviera cada una.
Una práctica que siguió plenamente vigente hasta 2016, cuando se produjo la denuncia de Alstom. Poco antes, había tenido lugar el último episodio de la supuesta trama, con un contrato privado y un proyecto localizado en Noruega. Pero quedó demostrado que la estrategia no funcionó en el exterior.
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