La guerra arbitral de España por el recorte a las energías renovables suma un nuevo capítulo. El comité ‘ad hoc’ del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha decidido levantar la suspensión del laudo que condena a España a pagar 290,6 millones a NextEra por el hachazo a las primas de las renovables, según la documentación consultada por Vozpópuli.

La corte arbitral del Banco Mundial ha tomado esta decisión después de que España haya rechazado comprometerse a pagar si se desestimaba su petición de nulidad del laudo.

El Reino de España consideraba inasumible el abono del laudo y contrario a la normativa comunitaria, por lo que el CIADI ha decidido levantar la suspensión tras acreditar que España no ha cumplido con el citado requisito y da vía libre a la eléctrica estadounidense para proceder como considere.

El arbitraje de NextEra es, hasta la fecha, el más cuantioso de todos los que ha tenido España con inversores en renovables. Hace algo más de un año, el CIADI se pronunció a favor de la compañía, que tenía dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios y en las que tenía previsto hacer inversores de más de 600 millones. 

Tras el primer pronunciamiento favorable de la corte, la compañía, a través de dos filiales holandesas, fue a los tribunales del Distrito de Columbia (Estados Unidos) para solicitar la ejecución del laudo. Poco después España presentó ante el CIADI la citada petición de suspensión que ahora ha quedado resuelta después de que no se haya comprometido a pagar. El país también alega que violaría la normativa comunitaria si lo hace.

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la decisión del CIADI da alas a la compañía norteamericana para seguir en Estados Unidos el proceso de ejecución del laudo y permitirá avanzar en las partes del procedimiento que estuviesen sujetas a la resolución de la petición de nulidad.

El plan de Ribera

El recorte a las primas de las renovables provocó un aluvión de arbitrajes contra España que ha derivado en una factura de laudos condenatorios que supera los 1.000 millones. Hasta la fecha no se ha ejecutado de forma efectiva ninguno porque España los ha recurrido todos y ha gastado todas los recursos procesales a su alcance para dilatar el proceso. 

Para frenar nuevos pleitos, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció hace dos años un plan para asegurar las primas hasta 2031 y lanzar un mensaje de tranquilidad a los inversores. No obstante, expertos en arbitraje internacional consultados por este diario alertan de que la resistencia de España a cumplir con esos laudos también puede mandar el mensaje contrario a potenciales inversores.

Los registros del CIADI contabilizan más de una treintena de arbitrajes de inversores extranjeros contra España por las reformas energéticas aprobadas en 2013. España ha perdido casi todos y ya ha presentado solicitudes de nulidad en otros arbitrajes como Masdar, Eiser, Antin, CUBE, Infrared y Operafund. La última, presentada el pasado abril, es contra el laudo de RREEF, el fondo de Deutsche Bank.