La caída en la natalidad complica el futuro de las pensiones. Cómo sostener a un volumen de pensionistas que crece en el tiempo mientras los trabajadores potenciales se reducen es la problemática que ahora se plantea, con una gran generación a punto de entrar en edad de jubilarse (los conocidos como 'baby boom', hijos de la explosión demográfica de la posguerra, nacidos entre 1957 y 1977).
Según la agencia estadística europea Eurostat, en 2020 las tasas más bajas de fertilidad (promedio de hijos por mujer) se observaron en Malta (1,13 nacimientos por mujer), España (1,19) e Italia (1,24). Como consecuencia de la pandemia fueron algo inferiores a las de 2019, cuando estos tres países ya se situaban a la cola de la Unión Europea (UE). En apenas cinco años la natalidad ha caído un 20% en España, situándose en mínimos de la serie histórica en el primer semestre de este año.
En cualquier caso, nuestro país lleva años a la cola, lejos de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos que se considera necesaria para mantener constante el nivel de población. El futuro no se presenta más alentador: los expertos auguran que en el próximo decalustro España seguirá entre los países de la UE con menos tasa de fertilidad, con un "fuerte y sostenido" aumento de la tasa de dependencia de mayores (proporción de personas mayores de 65 años que dependen económicamente de la población activa o en edad de trabajar).
En un informe sobre tendencias y proyecciones demográficas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) expone, con datos de la agencia estadística europea Eurostat, que se espera "una gradual recuperación de la tasa de fertilidad (desde 1,27 hijos por mujer en 2019 hasta 1,49 en 2070)", pero esto "todavía nos dejaría entre los países europeos para los que se prevén menores tasas de fertilidad (sólo por detrás de Malta)".
En la actualización del Programa de Estabilidad el pasado mes de abril, el Gobierno reconoce que "según las proyecciones de Eurostat, España presentará en 2070 la segunda menor tasa de fertilidad de la UE (1,49 hijos por mujer frente a 1,27 en 2019) y la mayor esperanza de vida (87,1 años para hombres y 91,4 para mujeres frente a 81,2 y 86,8 respectivamente en 2019) que resultan en un crecimiento vegetativo negativo para todo el periodo".
De esta forma, la realidad demográfica choca con la sostenibilidad del sistema público de pensiones. "Nuestras bajísimas tasas de natalidad actuales comenzarán a recuperarse en alguna medida, acercándose a las de nuestros vecinos europeos, pero sin alcanzar el nivel de reposición de 2,1 hijos por mujer que sería necesario para mantener la población constante en ausencia de flujos migratorios", explica el experto Ángel de la Fuente en el citado artículo.
Se duplicará la tasa de dependencia
El análisis publicado por Fedea, basado en proyecciones de Eurostat, el INE y la AIReF, también apunta hacia "una continuación del proceso de envejecimiento que llevaría a duplicar la tasa de dependencia de mayores de aquí a 2050, poniendo una gran presión sobre nuestro sistema de pensiones y sobre otras partidas importantes de gasto público, como la sanidad y la dependencia".
Según las últimas proyecciones de Eurostat, esta tasa pasará del 29,5% en 2019 al 59,5% en 2050, lo que significa que habrá menos de dos personas en edad laboral por cada persona mayor dependiente. El Gobierno asume en el Programa de Estabilidad que la ratio de dependencia se doblará en las próximas tres décadas para mantenerse relativamente estable en esos niveles durante un tiempo, pero destaca que decrecerá ligeramente, una vez que se ha completado el proceso de llegada a la edad de jubilación de los 'baby boomers'.
El Gobierno argumenta que "las generaciones posteriores a la generación del 'baby boom' se caracterizan por ser mucho menos numerosas, debido a la fuerte caída de la tasa de fertilidad que tuvo lugar en las dos últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI". En este sentido, calcula que el gasto público total asociado al envejecimiento de la población se incrementará entre 2030 y 2050 cerca de dos puntos porcentuales por el aumento de la tasa de dependencia con la jubilación de los 'baby boom', para posteriormente reducirse hasta los niveles iniciales.
Como respuesta para el 'tsunami' demográfico que se viene, el Gobierno ha incluido en su reforma de las pensiones el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la clave de bóveda de la sostenibilidad del sistema que sustituye al Factor de Sostenibilidad que creó el PP en 2013 y que no se ha llegado a aplicar. Se trata de una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos que se aplicará entre 2023 y 2032, que carga 0,5 puntos en las empresas en 0,1 punto en el trabajador, para nutrir el Fondo de Reserva. Los autónomos, por su parte, corren con todo el incremento.
El objetivo inicial, recaudar 50.000 millones de euros para sufragar la jubilación de los 'baby boomers', cuantía que luego Escrivá ha rebajado a 42.000 millones. Este mecanismo actuará además como válvula de seguridad del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Si no se diera una desviación se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.
Sin embargo, varios organismos económicos (el FMI, el Banco de España, BBVA Research, Fedea y Standard & Poor's, entre otros) cuestionan su eficacia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, ha advertido de que el aumento en el gasto en prestaciones (más de cuatro puntos de PIB hasta 2050) con la reforma de las pensiones, que las liga al IPC del año previo justo en un momento de inflación descontrolada, debe "equilibrarse" con otras medidas "destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo".
La inmigración como posible solución
En este sentido, De la Fuente destaca que uno de los factores que podrían mitigar este shock sería un fuerte y sostenido repunte de nuestro saldo inmigratorio neto. "Como muestra la experiencia de los primeros años dos mil, tal repunte no es descartable, pero sería muy arriesgado dar por sentado que llegará y durará lo suficiente para resolver los problemas de nuestro sistema de pensiones. Como mínimo, haría falta un plan B", comenta.
En todo caso, una inmigración elevada no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues para que eso ocurra el grueso de los inmigrantes deben ser jóvenes, con un nivel de cualificación elevado y buen dominio del idioma, lo que "podría no ser fácilmente alcanzable", explica el experto, que apuesta por "una política migratoria proactiva y selectiva que busque atraer a inmigrantes bien cualificados y tan cercanos culturalmente como sea posible".
Tal y como se refleja en el plan 'España 2050', el Gobierno de Pedro Sánchez asume que España tendrá que acoger e integrar laboralmente a cientos de miles de inmigrantes de aquí a 2050 para poder compensar la caída en el número de trabajadores españoles (por el envejecimiento de la población) y poder pagar las pensiones. Según sus cálculos, el país necesita la llegada de 191.000 inmigrantes cada año como mínimo para que el sistema de Seguridad Social sea sostenible.
Esto supone que al cabo de treinta años, cuando acabe en 2050 el horizonte de proyección, España contaría con 5,7 millones de extranjeros nuevos trabajando. A cierre de julio, el número medio de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social asciende a 2,45 millones de trabajadores, de los cuales 846.484 son de países de la Unión Europea (un 34,5%) y 1,60 millones, de terceros países (el 65,5% restante). Suponen 11.398 afiliados menos que el mes anterior.
En el Programa de Estabilidad 2022-2025 actualizado en abril, el Gobierno asegura que "entre 2020 y 2045 España registrará un saldo migratorio neto cercano a las 180.000 personas por año, lo que permite compensar el crecimiento vegetativo negativo, de manera que la población agregada se proyecta que crezca hasta los 49,5 millones".
Posteriormente, el equipo de Pedro Sánchez prevé que "la estabilización proyectada del saldo migratorio neto en torno a las 170.000 personas por año y el incremento de los fallecimientos en una población más envejecida se espera que provoquen una caída de la población para volver en 2070 aproximadamente al nivel de población actual (47 millones)".
