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Economía

Los despachos se preparan para un alud de concursos en enero: “Viene una tormenta perfecta"

Exterior de una Oficina de Empleo de Madrid.

Los despachos de abogados se preparan ya para el alud de concursos de acreedores que prevén para los próximos meses, sobre todo a partir de enero y a lo largo del primer semestre de 2021. Una fecha marcada en rojo en el calendario puesto que, hasta entonces y con motivo de la crisis del coronavirus, las empresas no tienen la obligación de declararlo.

En concreto, según la norma que puso en marcha el Gobierno durante la pandemia, hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, "haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio". 

Por eso, los expertos apuntan a enero como el mes en el que se van a declarar el grueso de los concursos de acreedores derivados de los efectos de la pandemia, con el riesgo de colapsar los juzgados mercantiles. A este cambio en la norma se suman, además, dos eventos que empeorarán la situación de las compañías: el final de los ERTE, por un lado, y el inicio de la devolución de los ICO a lo largo del primer semestre, por otro.

Abogados alerta

"Nosotros estamos haciendo mucha planificación de empresas que están insolventes; trabajando con muchas que están tocadas y que saben que tienen que tomar una decisión basada en la ley concursal para intentar salvar su negocio", explica en conversación con este periódico Ricardo San Marcos, socio director de reestructuraciones y solvencia en Vaciero, que apunta a que es algo que "se está haciendo más que nunca, porque hay muchas empresas en esa situación".

Para este experto, la situación en el primer semestre va a ser complicada. "Los ERTEs les están permitiendo gastar muy poco, pero cuando eso desaparezca, se va a dar una tormenta perfecta", apunta San Marcos, que señala a negocios que ahora mismo están sostenidos "en base a herramientas del Gobierno". "Son medidas que para algunos son sanadoras y para otras son capsuladoras de su problemas, cuando realmente deberían atajarlos", explica.

Una opinión parecida defiende Fernando Gutiérrez, socio de Pinsent Masons España y experto en derecho procesal, concursal y arbitraje, que señala que ve "con preocupación lo que puede pasar de aquí a final de año y sobre todo en el primer semestre de 2021". "Se están demorando decisiones que pueden precipitarse en el último trimestre, en función de los ERTE y la evolución de la crisis", comenta.

En esta línea, Gutiérrez pone el foco en los sectores de ocio y los más ligados al turismo, como hoteles y restauración. "Vemos con preocupación los concursos laborales, donde la principal preocupación es resolver la situación de los trabajadores, bien porque la empresa no tiene futuro o porque hay que busca inversores, venta de las empresas de forma rápida…", incide.

Colapso de los juzgados

Por eso, el experto teme que el colapso de los juzgados no permita resolver a tiempo las situaciones. "Si los juzgados, que ya tienen un nivel de atasco superior, en este tipo de concursos que necesitan una rápida respuesta... si no se actúa rápidamente, con empresas que tienen pensado disminuir el negocio o continuar con una parte, la experiencia nos lleva a decir que la liquidación es la única forma posible", dice el experto de Pinsent Masons.

"Se está formando un cóctel que es peligroso", apunta Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). A su juicio, la moratoria que estableció el Gobierno para el 31 de diciembre "no fue bien explicada. Pudo dar lugar a que, empresas que podían haber presentado el concurso, llegado diciembre serán insalvables", insiste. 

En esto, apunta Comendador,  "vaticinamos un alto índice de liquidaciones en las que entren en concurso". "La recomendación que damos es la planificación, no esperar al último momento, con el previsible atasco de los juzgados mercantiles", explica el presidente de ASPAC, que concluye: "Nadie quiere ver la situación final, pero las decisiones se tienen que tomar rápidamente".

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