El Gobierno admite que no puede luchar contra el fraude en las empleadas del hogar

El Ministerio de Trabajo ha reconocido que la subida del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros ha llevado a miles de hogares a despedir a sus empleadas del hogar y a sustituirlas por trabajadoras en situación irregular a las que pagan menos, pero se ha escudado en la "inviolabilidad del domicilio" como dificultad principal para que la Inspección de Trabajo pueda intervenir en esta situación. 

"No hay menos empleadas de hogar, esas 13.055 que han abandonado su trabajo, se han incorporado a otras ocupaciones, y han sido sustituidas por personas en situación irregular, en economía sumergida, y esto lo saben las organizaciones que trabajan con personas inmigrantes. El problema es que no podemos controlarlo porque, entre otras cosas, el domicilio es inviolable", ha señalado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. 

Sin embargo, ese derecho a la inviolabilidad del domicilio es el mismo que tienen las empresas. Como contó Vozpópuli, el Tribunal Supremo ha aclarado recientemente que los jueces de primera instancia deben asegurarse de que se cumplen los principios de necesidad, idoneidad y propocionalidad antes de darle autorización a la Inspección para poder registrar por sorpresa una compañía. 

Esto significa que deben existir indicios de fraude para que los jueces den la orden a la Inspección y esos mismos indicios deben darse en un hogar para que los jueces autoricen a la Inspección a registrar el domicilio. La complicación, por tanto, es la misma y no parece existir esa dificultad añadida a la que alude el secretario de Estado. 

"La Inspección debe acreditar que la entrada es necesaria para obtener un fin legítimo: que la actividad inspectora se puede realizar porque además hay indicios de fraude graves y serios que deben ser puestos en conocimiento de los jueces", explicaba a este medio Carlos de la Torre, Of Counsel de laboral de Baker McKenzie. 

13.000 hogares en el punto de mira

En este caso, si la Inspección sospecha de que los hogares en los que trabajaban esas 13.000 empleadas domésticas siguen teniendo contratadas a empleadas del hogar pero en situación irregular, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, ya tiene indicios de que en esas direcciones puede estar existiendo una situación de fraude, lo que podría llevar a los jueces a autorizar el registro. 

El Ministerio de Trabajo, sin embargo, señala que esta situación es una realidad "con la que tenemos que convivir", en palabras de Octavio Granado. 

El secretario afirma además que la prioridad del Gobierno no es regularizar la situación de esas empleadas en situación irregular. "No tenemos que regularizar a esas personas irregulares, los problemas de la economía española no parece que exijan una nueva regularización como la que nosotros empezamos en 2005-2006", ha señalado.