La obligación de pagar a los proveedores en 30 días aprieta el cinturón a las comunidades

Todas las comunidades autónomas, menos la catalana y la vasca, tienen ya aprobados sus presupuestos de 2013. En ellos, han previsto ajustes en ingresos y gastos para no superar el 0,7% de déficit inicialmente fijado por el Gobierno, un dato que convierte aparentemente en ilógica la protesta con la que ayer se destaparon en el Consejo de Política Fiscal y Financiera algunos consejeros autonómicos después de conseguir relajar el listón del déficit y, por tanto, disponer de mayor flexibilidad presupuestaria.

Solo Cataluña y País Vasco no han aprobado sus Presupuestos de 2013 y el resto de las comunidades los tenían encajados con un déficit del 0,7% que ahora modificarán

Sin embargo, en el Gobierno explican la queja de las comunidades a partir de un dato que no debe pasar desapercibido: a partir de enero, estarán obligadas a pagar a los proveedores en 30 días máximo. Escrito de otra forma: ninguna comunidad podrá financiarse a través de sus suministradores guardando facturas en los cajones como han venido haciendo hasta ahora. Esta exigencia ha hecho que algunos gobiernos regionales hayan trasladado al ministro Cristóbal Montoro que tendrán dificultades para cuadrar sus cuentas y cumplir con los objetivos de déficit.

El nuevo sistema de facturación electrónica controlará en tiempo real el proceso que va desde que se rellena la factura hasta que es abonada por comunidades y ayuntamientos. Para ello, se crearán registros centrales en las tres administraciones y se facilitará que cobren también los subcontratistas, pues éstos conocerán si las empresas que han requerido sus servicios han cobrado o no de las comunidades y los ayuntamientos. El objetivo número uno de Hacienda es facilitar con ello la reactivación de la economía.

El pago a los proveedores en un plazo máximo de 30 días empezará a ser obligatorio a partir de enero del año que viene

La transparencia contable a la que obligan a las administraciones estos planes de pagos, sumada a los requisitos de la ley de Estabilidad, a la condicionalidad del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a la orden ministerial por la que los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de transmitir cualquier cambio que realicen en sus plantillas y en la masa salarial, llevan al Gobierno a concluir que ha puesto fin a las trampas contables con las que, ejercicio tras ejercicio, las comunidades intentaban enmascarar el déficit.